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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lealtad al Pacto

LA CASA está ardiendo, pero nadie interviene: los vecinos están discutiendo sobre si conviene utilizar mangueras o extintores. Tras dos años de atentados muy espaciados, ETA ha asesinado a 10 personas en los últimos cuatro meses: los transcurridos desde que, el escándalo Roldán -la evidencia de que el encargado de perseguir a los terroristas era un delincuente- situó al Estado, y en particular a su aparato policial, en una posición de debilidad moral. En medio de esa ofensiva terrorista, y tras un atentado de transparente intencionalidad desestabilizadora, los partidos democráticos se enzarzan en una polémica absurda sobre un aspecto marginal de la lucha antiterrorista. Para regocijo de los terroristas mismos.Los pactos antiterroristas nacieron para evitar eso: que la ansiedad creada por la violencia se tradujera en enfrentamientos entre las fuerzas democráticas sobre la mejor forma de hacerle frente (a favor o en contra de las extradiciones, de la dispersión de presos, de entablar conversaciones con HB, etcétera).

En febrero de 1993, el XI Congreso del Partido Popular (PP) aprobó una resolución en favor de poner límites a la oferta de reinserción incluida de manera genérica en el Pacto de Ajuria Enea. Límites temporales (una fecha tope) y respecto al tipo de delitos (excluir los asesinatos). Desde entonces, ese asunto ha sido motivo de intermitente polémica en el País Vasco. Sobre todo entre el PNV y el PP, aunque en todos los partidos han surgido voces que, en un momento u otro, han expresado sus dudas sobre el asunto: el lehendakari, Jáúregui, Onaindía, entre otros, han advertido a ETA que la generosidad de la oferta contenida en el Pacto de Ajuria Enea podría darse por clausurada un día si persistían en su actitud. El PP se ha limitado a considerar que ese día ha llegado; acusarle por ello de haber roto el Pacto resulta bastante hipócrita.

Esas advertencias demuestran que la oferta de reinserción -indultos y revisiones de grado con criterio generoso- se inscribía -al firmarse el Pacto, en 1988- en la perspectiva de un final dialogado de ETA. Si se ha mantenido pese a que esa perspectiva ha ido alejándose es porque se ha revelado útil para provocar deserciones y divisiones en el mundo radical. Como contrapartida, ha proyectado una imagen de impunidad tan desmoralizadora para la población cómo estimulante para las nuevas generaciones de activistas, convencidos de que la amnistía es una reivindicación que tienen ganada de antemano. Algunos partidos nacionalistas han alimentado esa imagen con declaraciones ridículas que presentaban el asunto como si se tratase de un derecho de los etarras presos.

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Sopesar esos aspectos contradictorios de la experiencia es algo que corresponde a los firmantes del acuerdo. Los argumentos del PP -aunque el momento y el tono sean claramente inoportunos- son dignos de ser considerados. La reinserción es un aspecto no esencial del consenso antiterrorista y la existencia de divergencias no debería comprometer su continuidad. El PP, por otra parte, no ha probado su acusación de que la reinserción de presos condenados por delitos de sangre ha pasado de excepcional a ha bitual. El conflicto surgido revela, en todo caso, un problema de falta de información que debe subsanarse. Sería absurdo, sin embargo, que los partidos se atribuyeran una especie de derecho de veto sobre las iniciativas del Gobierno sobre esta cuestión, Lo exigible es que lo que se haga, aunque el criterio sea político, se ajuste a la legalidad. Dicho esto, hay que añadir que el principio central del Pacto de AJuria Enea es la oposición de los partidos democráticos a que ETA pueda obtener beneficios políticos de su recurso a la violencia. La autovía de Leizarán es un monumento a la vulneración. de ese principio. Pero el Pacto supone también el compromiso de los firmantes de, renunciar a sacar partido ellos mismos de los efectos de la violencia. Una de las consecuencias de ese principio es la renuncia a cualquier utilización demagógica de la tensión que los atentados suscitan en la población. Ojalá que Aznar no tenga que arrepentirse un día de haber seguido, en un asunto tan delicado, la vía del antigubernamentalismo de trazo grueso.

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