Alivio municipal

MUCHOS AYUNTAMIENTOS se han salvado, por el momento, de la bancarrota. El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han suscrito esta semana un acuerdo que palia los agobios presupuestarios de las arcas locales. Las administraciones locales y provinciales recibirán este año 1,035 billones de pesetas como participación en los ingresos del Estado, cobrarán con diligencia las deudas de 1993 que la Administración central tiene con ellas y se repartirán 50.000 millones de los fondos de la Unión Europea. El acuerdo, además, fíjalos criterios de la aportación que hará el Estado a la financiación municipal durante cinco años.Esta fórmula salva las angustias económicas en que viven muchos ayuntamientos, algunos de los cuales habían amenazado con incumplir los servicios que no consideran estrictamente municipales, como tareas de reclutamiento o prestaciones sanitarias. Los municipios ha suscrito satisfechos el acuerdo porque les evita el dramático espectáculo de cerrar su pagaduría y les da una perspectiva quinquenal para calcular sus ingresos. En cambio, este alivio no resuelve, porque no se plantea, el modelo global de financiación local y el papel que deben tener las ciudades en el reparto de atribuciones.

El ministro de Administración Territorial, Saavedra, prometió hace meses un pacto. de Estado que reforzaría el poder municipal y mejoraría las leyes de financiación. No hay noticias de que ello prospere. Tampoco incluye el acuerdo de esta semana ninguna solución a la deuda que arrastran los municipios y que grava pesadamente su contabilidad. En este capítulo, las reclamaciones de los alcaldes deberían ir acompañadas, sin embargo, de una explicación razonable, si puede darse, de cómo han administrado los dineros y generado esas deudas de vértigo.

Es verdad que los dos principales impuestos que recaudan los ayuntamientos, el de bienes inmuebles y el de actividades económicas, no son elásticos ni sus expectativas recaudatorias reflejan la evolución económica. Es verdad que las grandes capitales han de tener un apoyo económico específico por sus especiales necesidades y porque han de atender a un colectivo de usuarios mayor que el vecindario contribuyente. Es verdad que las poblaciones rurales, que se han organizado muy tardíamente, tienen un repertorio de problemas derivado de su mengua demográfica y, en muchos casos, ubicación inhóspita. Pero es igualmente cierto que no todos los ayuntamientos pueden presentar una política escrupulosa en el gasto.

Con el actual acuerdo, los ayuntamientos podrán llegar como máximo a gestionar un 15% del total del gasto público, porcentaje muy inferior a la media de los países occidentales y lejos aún de su reclamación política. Esta distribución refleja el papel subsidiario que todavía tienen los ayuntamientos en la distribución competencial de la administración pública en España. Pero un mayor protagonismo municipal no topa solamente con las resistencias de la Administración central, sino con el flamante jacobinismo que practican las comunidades autónomas, siempre dispuestas a reclamaciones, muchas legítimas, sobre su capacidad de gestión, pero menos dadas a reconocer, a su costa, mayores atribuciones municipales.

En este sentido, no están autorizados a levantar demasiado la voz contra el acuerdo de esta semana los alcaldes cuyo partido gobierne una comunidad autónoma que regatee con sus propios municipios. La FEMP ha suscrito el acuerdo en un momento de debilidad, y de ahí algunas acusaciones de claudicación; pero este episodio no debe paralizar una reflexión seria y el ánimo de dibujar, con precisión y el apoyo económico debido, un mapa político que otorgue a la Administración local, la más cercana al ciudadano, su necesario papel.