La venda en la herida

HA TENIDO que producirse el increíble caso Roldán -que el responsable de una institución de la importancia de la Guardia Civil use a su antojo durante años los fondos públicos sin que aparentemente nadie se entere- para que los socialistas se arrepientan de haberse dedicado al desmontaje de los mecanismos de control interno del gasto público y se decidan a la enmienda. El Consejo de Ministros decidió, en su reunión del pasado viernes reintroducir la fiscalización previa del gasto público, a cargo de la Intervención General del Estado, tras haberla anulado años atrás por considerarla un engorro para la eficacia y la rapidez de la gestión pública.Es posible que el control previo del gasto por la Intervención acentúe la lentitud de los procesos de adjudicación de obras, contratación de personal o concesión de subvenciones, pero lo que no tenía sentido era dejar dicho control en manos del mismo órgano -ministerios y variopintos organismos públicos- que decide y ejecuta el gasto. El yo me lo guiso y yo me lo como puede agilizar la gestión, pero a costa de errores, de arbitrariedades o desviaciones que pueden convertirse, fácilmente, en caldo de cultivo de las más variadas formas de corrupción. Sobre todo cuando el control interno a posteriori apenas es otra cosa que un mero trámite burocrático que sanciona hechos consumados, y el externo (Tribunal de Cuentas) llega tarde y carece de capacidad para desentrañar los vericuetos por donde transcurre la realización del gasto.

Está bien, pues, que el Gobierno haya hecho de la necesidad virtud y se ponga la venda en la herida del caso Roldán todavía sangrando. Pero para que esté tipo de casos, sin duda extremos, no se produzca y el gasto público no se dispare o se desvíe es necesario que los mecanismos de control interno no sólo existan en el ámbito de la Administración central. Hoy, el gasto público se produce, en gran medida, en el ámbito de las comunidades, autónomas y en los ayuntamientos. Y es probable que los interventores de éstas administraciones estén más obligados que los de la central a hacerse, los distraídos. Pero además, si se quiere que este control sea efectivo y no un gesto para la galería, habrá que dotar a la Intervención General del Estado del rango administrativo , de la independencia y de los medios exigibles para esta tarea.