Esterilización polémica

LA ESTERILIZACIÓN de los disminuidos psíquicos, recientemente declarada "no Contraria a la Constitución" por el Tribunal Constitucional, ha suscitado profundos reparos morales, dada la naturaleza de esta controvertida cuestión. También en aquellos que la contemplan como la medida más razonable para las personas que no pueden prever ni asumir conscientemente las consecuencias de la procreación.Como en todas las cuestiones que afectan a los derechos de la persona, el. dilema es determinar cuál de ellos debe prevalecer cuando las incompatibilidades son manifiestas. En el caso de los deficientes psíquicos, el derecho a su integridad física, el de su bienestar e integridad moral y el de posibles hijos engendrados en su actividad sexual.

Que la cuestión es delicada lo demuestra la división de opiniones manifestada al respecto en el propio Tribunal Constitucional. La sentencia, si bien mayoritaria a favor de la esterilización, ha tenido una fuerte contestación en los votos particulares formulados por cuatro miembros del tribunal. El problema siempre se ha planteado. Sólo hace cinco años, los poderes públicos han tenido el coraje de afrontarlo mediante, la despenalización de la esterilización en la reforma del Código Penal de 1989. Los disminuidos psíquicos en España son casi 300.000; el 55% son adultos y el 75% de éstos están internados en centros psiquiátricos. Por tanto, los problemas relacionados con la vida sexual de estas personas no sólo les afectan a ellas de modo primordial, sino también a un amplio entorno familiar y sanitario,

El hecho de que las familias estén obviamente involucradas en los problemas del desarrollo vital de sus hijos o parientes discapacitados psíquicos -vigilancia constante para evitar embarazos o asunción de responsabilidades por esta causa- ha provocado que algunos les acusen de promover la esterilización para su propia comodidad y tranquilidad. Tal acusación es incorrecta e injusta, aunque hayan sido las familias y las asociaciones de deficientes psíquicos, conocedoras más que nadie del problema, las que se han manifestado más firmemente a favor de despenalizar la esterilización.

Como dice el Tribunal Constitucional, la esterilización no tiene, otra mira que "el interés del incapaz", el favorecimiento de "sus condiciones de vida y bienestar" y el posibilitar el ejercicio de su sexualidad. Se trata de que no esté sometido a una vigilancia constante, que podría resultar contraria a su dignidad humana.

Por lo demás, es mejor que las familias puedan solicitar legalmente la esterilización de su! hijos subnormales a que busquen formas ilegales y clandestinas, como sucede en ocasiones. El precepto del Código Penal que ha sido declarado constitucional ofrece suficientes garantías frente a las iniciativas de carácter arbitrario. La "esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica" sólo será legalmente posible "cuando haya sido autorizada por el juez a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el ministerio fiscal y previa exploración del incapaz".

Esta medida no puede ni debe sustituir el derecho de los disminuidos psíquicos a una planificación familiar y al uso de los métodos habituales de anticoncepción. A partir de ahí será más fácil ayudarles a que tengan una educación sexual sana y sin riesgos y a que disfruten de una sexualidad lo más normal posible.