El fiscal pide 11 años de cárcel para Craxi por la quiebra del Ambrosiano

Giuseppe d'Amico, fiscal de la Audiencia de Milán, pidió ayer 11 años de prisión para Bettino Craxi por su presunta cooperación en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano. A pocos metros de la sala en que se celebraba este proceso, susceptible de traducirse en una inmediata orden de búsqueda y captura contra el ex líder socialista italiano, refugiado en, Túnez, prestaba declaración Salvatore Sciascia, director de asuntos tributarios de Fininvest, el grupo empresarial del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Sciascia se entregó ayer a los investigadores de un asunto de corrupción que amenaza la continuidad del Gabinete.

Las dos noticias tienen en su vértice a Berlusconi -propietario de Fininvest y gran amigo personal de Craxi- y perfilan un panorama de inestabilidad política que los mercados valoraron ayer con sendas caídas de la Bolsa y de la lira. Él plan económico aprobado por el Gobierno el viernes se empantana así en las aguas de una crisis cuyo apaciguamiento sólo los jueces estarían en condiciones de garantizar yéndose de vacaciones.La investigación sobre la corrupción de la policía fiscal, por la que ayer se entregó Sciascia, vuelve a dividir a los partidos de la mayoría, que la semana pasada se enfrentaron a Berlusconi por un decreto ley que prohibía el encarcelamiento preventivo de los presuntos corruptos. Exponentes de Alianza Nacional y la Liga Norte critican, en efecto, a los portavoces de Forza Italia, que presentan las últimas detenciones como una venganza de los jueces, y piden que los magistrados sigan adelante.

Berlusconi, por su parte, no consulta la situación con los aliados, sino con sus asesores de Fininvest. Y la oposición denuncia: "¿No decía que ya no era empresario?". Giuliano Ferrara, portavoz del Gobierno, replica: "Es un asunto privado". El primer ministro se reunió el pasado domingo en su residencia de Arcore, cerca de Milán, con Gianni Letta, ex dirigente de su grupo empresarial y actual subsecretario; con Cesare Previti, ex asesor legal de Fininvest y actual ministro de Defensa; con Fedele Confalonieri, presidente de Fininvest, y con los abogados de Sciascia y de su hermano Paolo. Salvatore Sciascia se. entregó ayer tras dicha cumbre, y confesó al juez Antonio Di Pietro que pagó los sobres por los que se le acusa, pero que lo hizo por necesidad, porque la capacidad de extorsión de la policía fiscal era irresistible. Esto mismo declaró la víspera Felice Vitali -director general de Gemina, la sociedad a través de la cual Fiat, controla el diario español El Mundo-, que sigue bajo arresto.

En las próximas horas se verá si los magistrados suben su punto de mira de Sciascia a Paolo Berlusconi, también investigado por estos hechos, y la incidencia de todo el asunto sobre el Gabinete que preside su hermano Silvio. Sciascia evitó ayer admitir que Paolo Berlusconi le hubiera ordenado los pagos a funcionarios corruptos.

En cuanto a la petición fiscal contra Craxi, se basa en los siete millones de dólares (más de 900 millones de pesetas) que Roberto Calvi, el fallecido en misteriosas circunstancias presidente del Ambrosiano, regaló al Partido Socialista Italiano pocos meses antes de que su banco entrara en quiebra, en 1981.

El fiscal considera probado que el dinero en cuestión fue pedido por Craxi a Calvi, y que Claudio Martelli, el entonces delfin del ex líder socialista, trató del mismo asunto con el maestro venerable de la logia masónica Propaganda Dos (P-2).

También estima que, a. cambio del dinero, Craxi medió ante el entonces presidente del Ente Nazionale Idrocarburi, Leonardo Di Donna, gran empresa estatal, para que ayudara con depósitos a resolver los apuros del Ambrosiano de Calvi.

Mientras, otra juez, Adele Rando, ordenó ayer el procesamiento de Craxi por el caso de las comisiones pagadas por Intermetro, al tiempo que absolvió del mismo caso al administrador delegado de Fiat, Cesare Romiti.