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Reportaje:

Al frente de un grupo de mercenarios

Los GAL fueron la última expresión de la guerra sucia

Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados el 20 de septiembre de 1991 por la Audiencia Nacional a 108 años y ocho meses de prisión cada uno. Los jueces les encontraron culpables de seis delitos de asesinato frustrado y asociación ilícita en relación con los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), un grupo de mercenarios que entre diciembre de 1983 y julio de 1987 perpetró 24 asesinatos en el País Vasco francés.La sentencia, cuidadosamente calculada para evitar considerar a los reos terroristas y para desvincular de los aparatos del Estado a su puñado de pistoleros contratados, considera probada la participación de los dos ex policías (Amedo era subcomisario y Domínguez inspector) en los atentados contra los bares Batxoki y La Consolation.

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Los dos condenados, según estableció el tribunal, entregaron dinero en enero de 1985 a los franceses Christian Hitier y Patrick Pironneau para el reclutamiento de gente dispuesta a disparar contra presuntos miembros de ETA. Un año más tarde, contrataron a Jean Philippe Labade en Portugal con el encargo de formar un comando y enviarlo al norte de los Pirineos.

Fue la pista portuguesa la que acabó con los huesos de Amedo y Domínguez en la cárcel. El subcomisario se registró en un hotel con el nombre falso de Genaro Gallego Galindo. Sorprendentemente, las tres primeras letras de cada falso apellido coincidían con el acrónimo GAL.

Más sorprendentemente todavía, y de forma sólo explicable desde la conciencia de impunidad, el subcomisario pagó la factura del falso Gallego Galindo con una tarjeta de crédito a nombre del verdadero José Amedo Fouce. Esta circunstancia acabaría siendo definitiva para sentarle en el banquillo.

Los GAL no fueron la única expresión de la guerra sucia contra ETA, pero sí la más persistente, y mejor organizada. Antes se habían perpetrado atentados contra dirigentes o miembros de ETA en el Pais Vasco francés al amparo de siglas de conveniencia como ATE (Antiterrorismo ETA) o la más rimbombante BVE (Batallón Vasco Español).

Los jueces franceses encontraron hilos conductores comunes entre aquellos precedentes y los GAL, como una misma caja de munición utilizada en las dos etapas. Para la Justicia española, prácticamente nada está aclarado, al margen de la participación de Amedo y Domínguez en la organización de los dos atentados citados, sin víctimas mortales.

Queda por dilucidar oficialmente todo lo demás, con la excepción de la ejecución de dos atentados, los que costaron la vida a dos franceses asesinados por error. Los GAL se estrenaron en diciembre de 1983 con el secuestro de Segundo Marey. El último atentado cuya autoría admitieron fue el asesinato con una bomba del prófugo del servicio militar, ajeno a ETA, Juan Carlos García Goena, el 24 de julio de 1987.

Esta muerte, más absurda aún que todas las demás, fue interpretada como un aviso a las autoridades españolas y a los responsables del Ministerio del Interior, cuando las sospechas comenzaban a cercar a Amedo y Domínguez y ellos se sintieron abandonados. Pero la Audiencia Nacional absolvió a ambos de este crimen.

Entre Marey y García Goena, los GAL sembraron de muerte, en atentados muchas veces indiscriminados, los pueblos y ciudades vasco franceses donde ETA había asentado su retaguardia y sus oficinas de cobro del llamado impuesto revolucionario. De sus 24 víctimas mortales, 15 fueron considerados miembros más o menos relevantes de ETA y nueve ajenos por completó a la organización terrorista (ocho, ciudadanos franceses). Semejante índice de error llevó a pensar en una estrategia premeditada para sembrar el terror entre la población y forzar un rechazo social que aislara a los exiliados.

El objetivo de los GAL era transparente, trasladar la guerra a suelo francés hasta conseguir una reacción de las autoridades de París, cuya colaboración con el Gobierno español era aún tibia.

Se consiguió plenamente y los GAL finalizaron su actividad (con la única excepción de García Goena) en febrero de 1986. Casi simultáneamente, el Gobierno francés inauguraba el procedimiento de entrega a la Justicia española de sospechosos de relación con ETA por el procedimiento de "extrema urgencia".

A cambio, los GAL proporcionaron un balón de oxígeno importante a ETA y su entorno, que pudieron presentar sus acciones terroristas como parte, de una guerra en la que los dos bandos disparaban.

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