La nueva ley italiana sobre la prisión preventiva no distinguirá entre delitos

La marcha atrás es total. La reforma del texto del decreto-ley retirado el martes por Silvio Berlusconi no se limitará a incluir los delitos de corrupción y concusión entre los que pueden ser materia de prisión preventiva para los presuntamente implicados en ellos. El proyecto de ley que sustituye al decreto, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy mismo, prescindirá de cualquier distinción entre clases de delitos, según ha confirmado el propio Berlusconi.

"Cambiaremos la división por tipos de delitos e introduciremos un límite para la prisión preventiva basado en la gravedad de la condena prevista", manifiesta el primer ministro italiano en una entrevista publicada ayer por el diario La Stampa. La variación de rumbo es tal que difícilmente puede ser calificada de reforma del contenido y del método.El nuevo proyecto de ley regulará la prisión preventiva en función de la gravedad de la pena asociada a cada delito, introduciendo un límite inferior para que proceda la medida cautelar, como ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos; y abandonará los distingos que habían conducido a la aberración de que un financiero expuesto a 100 años de prisión por un presunto delito económico no pudiera ser encarcelado preventivamente, a diferencia de un simple ratero que hubiera robado un radiocassette.

El cambio va mucho más allá de un puro tecnicismo. La distinción entre delitos resulta difícilmente separable del deseo de favorecer al delincuente de cuello blanco, justificada implícitamente por el propio Berlusconi cuando razonó que "no es mandando a la cárcel a los empresarios como se restablece la confianza del país y se fomenta el empleo".

Un problema añadido es que, junto a los 169 detenidos ilustres que fueron liberados en estos días como consecuencia del efímero decreto, salieron de las cárceles otros casi 2.000 pequeños delincuentes. Y alcaldes como el de Rímini, que es un poco el Benidorm italiano, han detectado ya una afluencia extraordinaria de carteristas.

Nadie discute que estos presuntos delincuentes, que se encontraban a la espera de ser procesados, únicamente podrán volver a prisión en virtud de una decisión judicial que deberá ser adoptada por cada juez competente, atendiendo a las características de cada caso. La posibilidad de que eso ocurra comenzará hoy, cuando el pleno de la Cámara de Diputados rechace la constitucionalidad del decreto-ley ya retirado por el Gobierno, que dejará de tener vigor inmediatamente.

No obstante, en Il Giornale de Berlusconi, un jurista razonaba ayer que el decreto anulado ha creado derechos subjetivos, por los que el retorno a la cárcel sólo se podrá producir en atención a nuevas circunstancias de cada investigado, y no a las que determinaron su encarcelamiento previo.

La prensa italiana se muestra, entretanto, despiadada con Berlusconi, que, en el momento más bajo de su vida, declara a La Stampa: "He resuelto una situación fea, haciéndome cargo de todo, con un sentido de responsabilidad enorme. Si debo ser sincero, me siento un poco héroe".