Salanueva cambio el sistema de compras en el BOE por las sospechas de Hacienda

Los dos principales implicados en la defraudación y malversación de caudales públicos en relación con el suministro de papel para el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1989 a 1991, la entonces directora general, Carmen Salanueva, y su subordinado Julio Fernández. cambiaron sucesivamente de estrategia al observar que la Intervención Delegada de Hacienda se encontraba alertada. Así lo relata la juez Ana Ferrer en el auto de procesamiento de 11 personas, adelantado ayer por este periódico y contra el que el defensor de Salanueva recurrirá y pedirá que se declare insolvente a la ex directora general.

La investigación llevada a cabo por la juez Ferrer, con el acuerdo del fiscal del caso, Félix Pantoja, ha permitido describir con detalle en la resolución judicial los 11 expedientes de compra de papel entre marzo de 1.989 y mayo de 1991, por un importe total de 2.385,5 millones de pesetas.En los seis primeros expedientes, Toixima SA es la empresa adjudicataria, con ofertas de papel a 138, 142 o 143 pesetas / kilo, según los casos. Las empresas invitadas a participar, con ofertas de papel a precios superiores a los de Toixima, "para así aparentar concurrencia diversa y legalidad en la adjudicación", explica la juez, son Let, Cad, Eurocomic y Litoprint, todas ellas del mismo grupo y controladas por Guillermo Rafael Cervera, uno de los 11 procesados.

Cambio de empresas

La magistrada relata que, "alertada la intervención delegada del organismo autónomo ante la concurrencia repetida de las mismas empresas que, por otra parte, eran desconocidas en el mercado del papel prensa y carecían de entidad económica para los suministros a los que se comprometían", Salanueva y Fernández modificaron el sistema de contratación y dieron entrada a otras empresas.El séptimo expediente fue adjudicado a Papelera Udalar, con oferta de papel a 142 pesetas / kilo. Las empresas invitadas fueron Enso Ibérica y Gohierri. Los cuatro últimos expedientes se los repartieron Papelera Udalar y Papel 6, y concurrieron, siempre con ofertas a precios más elevados, Cuatro-P SA, Enso Gutzeit, Enso Ibérica, Gohierri, Finnpapel y Asiconsa, entre otras.

El total de las operaciones reportó a Salanueva más de 60 millones de pesetas, según la juez, que fijó la fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias de la ex directora general en 200 millones de pesetas. El abogado de Salanueva, Andrés Planas, anunció ayer a Efe que recurrirá el procesamiento de su defendida y que solicitará que se la declare insolvente.

Según el letrado, "en el auto se hacen una serie de presunciones gratuitas por parte del juzgado, sin base probatoria suficiente, ni siquiera indiciaria, para el relato de Ios hechos".

Por otra parte, ayer se supo que otro de los 11 procesados, Lorenzo Cavanillas García de Carellán, administrador único de Papel 6, fue militar de profesión nombrado ayudante de campo de Adolfo Suárez el 23 de abril de 1979. Colaboró con los siguientes presidentes del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, hasta que en 1985 abandonó la Administración y pasó a la reserva transitoria.