Los boniteros rechazan el acuerdo con Francia y no saldrán a pescar hasta que se resuelva el conflicto

"Hasta que no se resuelva este problema la flota atunera no sale a la mar y se queda en sus puertos". Desafiantes tras su hazaña en alta mar, los pescadores españoles de bonito que llegaron ayer al puerto de Burela (Lugo) con el buque francés La Gabrielle, apresado en aguas internacionales, están dispuestos a sacrificar su captura con tal de arrancar del Gobierno central y de Bruselas un compromiso que garantice el cumplimiento por parte de Francia de las normativas comunitarias sobre la pesca de bonito.El acuerdo alcanzado el lunes pasado entre el Gobierno español y el francés para reforzar la inspección por parte comunitaria les parece insuficiente. Las cofradías de pescadores condicionan la devolución de La Gabrielle, que reclama París y que deja en entredicho a la Administración española, a que los inspectores comunitarios levanten acta del barco y comprueben que las redes utilizadas son ilegales. Éstas, según los pescadores españoles, miden 5,710 kilómetros frente a los 2,5 reglamentarios.

Agotados y, sobre todo, decepcionados por la partida del secretario generá de Pesca del Gobierno central, José Loira, y de los inspectores comunitarios, los pescadores españoles de bonito han decidido quedarse en sus respectivos puertos hasta nuevo aviso. Loira había puesto una condición para negociar: que La Gabrielle no entrase en aguas españolas.,

Tras una asamblea multitudinaria celebrada a última hora de ayer, los representantes de la flota del Cantábrico decidieron interrumpir la campaña atunera, que se concentra entre junio y octubre, hasta que no se resuelva el contencioso que los enfrenta con los pescadores franceses y que se ha saldado con la captura del buque francés por parte de los pescadores españoles.

El puerto lucense de Burela seguía anoche abarrotado cuando ya algunos de los 400 barcos de la flota bonitera zarpaban rumbo a sus puertos de origen. Tras 60 horas de navegación remolcando al buque francés, los pescadores españoles no han conseguido que las autoridades centrales y comunitarias comprobaran in situ las redes ilegales usadas por los franceses. Los observadores de Greenpeace, que se presentaron ayer en Burela, sí pudieron comprobar con horror que en La Gabrielle no sólo había grandes cantidades de bonito. En las bodegas del volantero francés se amontonaban crías de delfin y cachalote, tortugas, meros y otras especies protegidas, según pudieron comprobar varios testigos. La Gabrielle traspasó aguas jurisdiccionales españolas, en contra de lo pactado por las autoridades españolas con las francesas, a las 12.30 del martes.

En el interior del barco también fue hallado un rifle con balas del calibre 22 y dos diarios de navegación, uno real y otro oficial. En el primero quedaba claro el uso de volantas, pero tan sólo un notario contratado por las cofradías, pudo constatar oficialmente la existencia del doble libro de ruta."Hemos ido a la guerra"

"Poco más que menos que hemos ido a la guerra", señalaba Jaime Tejedor, Vicepresidente de la cofradía de Guipúzcoa, a la vez que lamentaba la ausencia de un representante de la Administración central. Así, frustrados de no haber podido demostrar las infracciones cometidas por sus colegas franceses, los pescadores españoles condicionan la devolución de La Gabrielle a que acudan a Burela inspectores comunitarios para levantar acta. Hecho esto, se comprometen a entregarlo a las autoridades que la Administración considere convenientes. "Hasta entonces, estará custodiado por la cofradía de Burela", aseguró el portavoz de las cofradías del Cantábrico, José María Urbieta, al término de la asamblea.

La flota atunera ha decidido delegar la negociación con la Administración Central a los representantes de las cuatro autonomías (Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco), con quienes se reunieron ayer durante tres horas. Urbieta aseguró que cuentan con su compromiso para elaborar un estudio y llevar un planteamiento conjunto a Madrid.

Asimismo, los pescadores han acordado aplazar su actividad hasta que el Gobierno español consiga que Bruselas aumente el poder ejecutivo de los inspectores comunitarios más allá de lo acordado por Francia y España el pasado lunes. Quieren que los inspectores tengan capacidad de confiscar las redes ilegales, doblegar al buque a regresar a puerto y retirar el permiso de uso de volantas (las redes de gran longitud) a los infractores.

El acuerdo alcanzado la víspera sólo suponía incluir la presencia de inspectores de otros países comunitarios, que además no estarían capacitados para fijar una sanción, ya que ésta depende del país de bandera del buque.

Por el momento, no se han valorado las pérdidas de la interrupción de la costera -que suele durar de 18 a 25 días- Hoy mismo los pescadores comenzarán a vender en sus puertos lo capturado hasta la fecha y el próximo sábado se volverán a reunir en asamblea en el puerto de Santander.