Asalto a la anticorrupción

"Nuestras cárceles se encuentran pavorosamente superpobladas por miles de personas que no han sido condenadas en procesos regulares, y que languidecen en espera de juicio. Se trata de personas que la ley nos obliga a considerar inocentes, y que, en cambio, son tratadas como si hubieran sido ya condenadas. Tanto en Italia como en el extranjero se nos acusa abiertamente de violar algunos principios de los derechos humanos".Berlusconi se expresó de este modo el pasado sábado, en el comunicado con el que trató de calmar la explosión de protestas desencadenada por las primeras aplicaciones del decreto-ley que modifica la normativa vigente en Italia sobre la prisión preventiva, y cuya aprobación por vía de urgencia, el martes anterior, provocó un aluvión de protestas debido a que los presuntos reos de delitos de corrupción no podrán ya entrar en la cárcel antes de haber sido condenados.

En principio, la estadística penal italiana, no muy distinta de la que se encuentra en otros países europeos, debería prestar una base de razón al referido argumento expuesto por el primer ministro. Pero la realidad no es esa. Más allá de los ataques directos a los jueces que Berlusconi intercala en sus razonamientos, el decreto-ley en cuya defensa se ha empeñado el primer ministro quebranta el principio de equidad, dicen los jueces, al introducir grandes diferencias en el trato a los delincuentes.

Por ejemplo, un usurero o un navajero sorprendidos in fraganti ingresarán inmediatamente en prisión, mientras que un empresario, acusado de corromper a un político podrá ser sometido, como máximo, a arresto domiciliario, aun en el caso de que la pena de cárcel que pueda corresponderle sea mucho más elevada que la del usurero o la del navajero.

De ahí la soledad de Berlusconi en la defensa de una medida que sabe a manipulación del debate sobre la prisión preventiva y a desmantelamiento del marco legal en el que lograron desarrollarse unas investigaciones sobre corrupción que han cambiado radicalmente el panorama político italiano.

La vía del decreto-ley y las razones de urgencia esgrimidas para aprobarlo, evitando el debate en el Parlamento, repercuten ulteriormente en el desprestigio de una iniciativa que no apoyan ni los aliados de Forza Italia en el Gobierno (Alianza Nacional y la Liga Norte) ni estrechos colaboradores de Berlusconi como el abogado Raffaele della Valle, portavoz de sus diputados, o Tiziana Parenti, la ex magistrada de la investigación Manos Limpias que se unió a Forza Italia tras denunciar que sus colegas de Milán aplicaban las leyes con prejuicios políticos.

Saturación penal

Cuando entró en vigor el decreto de Berlusconi, en las cárceles italianas había 56.000 presos, de los que 31.000 seguían pendientes de sentencia definitiva. De éstos, 13.818 esperaban todavía ser juzgados en primera instancia.Tales cifras configuran un panorama problemático de contaminación moral y física de la población penal, agravado por la proliferación de delitos como el pequeño tráfico de drogas y por la lentitud de una Administración de Justicia que adolece de falta crónica de medios.

Pero semejante panorama no fue una preocupación especial hasta que notorios empresarios y políticos comenzaron a entrar en la cárcel como presuntos reos de delitos de corrupción y de concusión. Los datos sobre los primeros liberados en aplicación del decreto del presidente Berlusconi indican que estos reclusos ilustres vienen a representar el 10% de los detenidos preventivos, es decir, algo más de 500.

La polémica sobre el encarcelamiento preventivo surgió como consecuencia de una anomalía de la legislación italiana, que prevé tres supuestos de prisión cautelar: peligro de fuga del detenido, reincidencia y riesgo de manipulación de las pruebas. Este último supuesto no está previsto en los países europeos.

La posible destrucción de pruebas ha sido, sin embargo, la circunstancia alegada casi invariablemente por los magistrados italianos para mantener incluso durante meses en prisión a los políticos y magistrados investigados por delitos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos. Los críticos han señalado que, de hecho, la prisión preventiva era utilizada en Italia como un arma de presión para lograr la confesión de estos detenidos ilustres.

La reforma de Berlusconi no cambia ese marco de referencia. Pero introduce la distinción ya mencionada: la prisión preventiva se reserva a los delitos de Mafia, terrorismo, gran tráfico de drogas y, en general, de violencia, incluidos los robos con fractura o violación de domicilio.

Queda excluída en los demás, como los pequeños hurtos y el pequeño tráfico de drogas, y como los grandes delitos de corrupción política, la quiebra fraudulenta y todos los de tipo económico.

Los magistrados lamentan también que el decreto-ley impide dar publicidad a las diligencias previas y afirman que debilita la lucha contra la Mafia, en la medida en que las investigaciones sólo podrán ser mantenidas en secreto durante tres meses.