Un puñado de empresas palestinas y egipcias cobra comisiones millonarias para introducir bienes básicos en Gaza

Durante los dos años de guerra en Gaza, el Gobierno de Israel no ha ocultado su decisión de imponer el bloqueo de la Franja para castigar a la población y presionar a Hamás. En ese tiempo, solo ha permitido introducir en el enclave cantidades muy pequeñas de mercancías. Una parte de ellas era ayuda humanitaria, también muy restringida. Pero otra eran productos de tipo comercial, y su control ha creado una rentable oportunidad de negocio a costa del sufrimiento de la mayoría.

Israel reactivó los envíos comerciales a Gaza a finales de 2023, tras un bloqueo inicial total. Desde entonces, solo ha concedido el derecho a importar mercancías a un grupo reducido de empresas palestinas. Estas, junto a una importante compañía egipcia, han creado un lucrativo monopolio sobre la coordinación, transporte y entrada de bienes comerciales a la Franja, según revelan documentos del Gobierno palestino y la Cámara de Comercio de Gaza.

Solo en concepto de las comisiones por coordinación, que no existían antes de la guerra, los comerciantes de Gaza perjudicados por este esquema, destapado por el medio egipcio Mada Masr, pagaron hasta el pasado 15 de noviembre más de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), según una base de datos de la Cámara de Comercio gazatí consultada por EL PAÍS.

Estos elevados costes, que no incluyen los importes adicionales en concepto de transporte y compra de productos, han sido trasladados a los consumidores de Gaza. El resultado es un aumento significativo de los precios, incluidos bienes básicos como la comida, y una fuerte disminución del poder adquisitivo en medio de una grave crisis humanitaria.

El monopolio sobre la importación de bienes comerciales a Gaza se instituyó en los primeros meses de la guerra. Inicialmente, Israel concedió el derecho a introducir mercancías en Gaza a cinco empresas palestinas, según un informe del Ministerio de Economía del Gobierno de la Autoridad Palestina. El ministerio, sin embargo, subraya que las empresas elegidas no están “especializadas en la importación y comercialización de productos básicos” y que su función era coordinar con Israel “el transporte y la introducción de mercancías para otros comerciantes”.

“Si yo no soy uno de estos cinco, pero quiero importar azúcar, arroz o harina, acudo a uno de ellos y le pido que me consiga un permiso para que mis camiones puedan entrar en Gaza, y por cada camión tengo que pagar. Así empezó todo”, asegura el presidente de la Cámara de Comercio de Gaza, Ayed Abu Ramadan, a EL PAÍS. “Obviamente, los cinco monopolizarán el sistema y subirán los precios, y además no podrán abastecer todo el mercado”, lamenta.

La gran mayoría de los bienes comerciales que se importaban a Gaza llegaban primero desde Egipto. El grupo que asumió la logística para realizar estos envíos hasta la frontera fue Abnaa Sinai, del empresario Ibrahim al Argany, una figura muy influyente en el norte del Sinaí, que hace frontera con la Franja. Otra empresa del grupo, Hala, facilitó la salida de gazatíes hacia Egipto hasta principios de 2024 a cambio de pagos de varios miles de dólares por persona.

En aquel período inicial, que se extendió hasta mediados de mayo de 2024, cuando el ejército israelí ocupó y cerró el costado palestino del paso fronterizo de Rafah con Egipto, las cinco empresas palestinas cobraron a comerciantes de Gaza comisiones de coordinación de entre 10.000 y 20.000 dólares por camión en función de la mercancía. Abnaa Sinai cobraba unos 1.000 dólares en concepto de tasas y cargos, y ofrecía un trato preferencial a importadores gazatíes a cambio de 9.000 dólares.

Después del cierre de Rafah y de la queja de empresarios gazatíes, Israel trasladó la entrada de mercancías a Gaza al paso de Karam Abu Salem, bajo control total israelí, y aumentó el número de concesiones de importación.

Algunas organizaciones humanitarias que gestionan el envío de ayuda a Gaza también tuvieron que pagar a empresas de este monopolio. En 2024, los tres mayores contratos de agencias de la ONU en Egipto se adjudicaron al grupo Abnaa Sinai por un valor conjunto de 42,4 millones de dólares, según un portal de transparencia de la ONU.

Mercancías camufladas de ayuda

El esquema volvió a cambiar en octubre de 2024, cuando Israel cerró la plataforma para gestionar las importaciones con el sector privado y limitó la entrada de mercancías al sector humanitario, excepto para el gas de cocina. El flujo comercial, sin embargo, no se interrumpió por completo y algunos bienes básicos que entraban como ayuda humanitaria se vendían al sector privado, según un informe de la Federación de Cámaras de Comercio palestinas.

“Las ONG internacionales tienen a alguien con acceso a un sistema electrónico israelí donde rellenan sus necesidades y lo que quieren traer, e Israel lo revisa. Si alguien quería traer café y té, o chocolate y frutos secos, contactaba con un empleado de determinadas ONG y se lo pedía”, ilustra Abu Ramadan. “Por supuesto, Israel sabía que eso no era ayuda humanitaria. Pero por qué lo permitían sabiendo que [era] a cambio de dinero, realmente no lo sé”, agrega.

Fue durante este período que los pagos en concepto de coordinación se dispararon. En el caso de productos alimentarios básicos alcanzó los 27.000 dólares por camión, y para productos de higiene o ropa llegó a 216.000 dólares, según la base de datos de la Cámara de Comercio de Gaza. Entre octubre de 2024 y el alto el fuego del 19 de enero de 2025, los pagos totales por coordinación superaron los 430.000 dólares, repartidos en apenas unos 5.000 camiones.

Desde el inicio del alto el fuego y hasta que Israel volvió a imponer un bloqueo total en Gaza, en marzo de 2025, el número de camiones diarios con ayuda humanitaria volvió a aumentar, pero en torno al 60% transportaban mercancías para el sector privado. Los que llegaban desde Egipto pagaban una tasa fija de 20.000 dólares por camión y los que venían de Cisjordania, Jordania e Israel, entre 16.000 y 27.000.

La quinta fase de este esquema empezó con la reapertura de pasos fronterizos a mediados de mayo, poco antes de empezar a operar la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización opaca a través de la que Israel trató de ejercer un control aún más férreo sobre la de ayuda. En este período, las tasas de coordinación oscilaban entre 30.000 y 80.000 dólares por camión.

Hoy la entrada de mercancías a Gaza sigue estando restringida por Israel y hay menos de 10 comerciantes locales con concesiones para importar productos básicos, que todavía imponen elevadas tasas de coordinación al resto, según una presentación compartida con EL PAÍS que fue expuesta este diciembre en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), establecido por Estados Unidos en Israel como parte del acuerdo de alto el fuego acordado con Hamás.

Abu Ramadan asegura que no existen criterios claros por parte de Israel para seleccionar a unos determinados comerciantes para importar productos a Gaza. Y afirma que en los últimos meses Israel ha empezado a permitir fuera del sistema oficial la entrada de algunos camiones sellados con mercancías que consideran de doble uso civil-militar, como móviles, paneles solares y neumáticos, a cambio de tasas de coordinación de más de dos millones de dólares.

Israel, por su parte, aprovecha el solapamiento de parte de la ayuda humanitaria y los bienes comerciales, y la poca claridad que suele envolver estos envíos, para inflar sus datos sobre el flujo de asistencia a Gaza, que representa un elemento central del acuerdo de alto el fuego. Actualmente, Israel afirma que cada día entran a la Franja entre 600 y 800 camiones de ayuda. Pero preguntado por EL PAÍS, el organismo del Ministerio de Defensa de Israel que controla los pasos de la Franja, el COGAT, admite que esta cifra incluye envíos comerciales del sector privado. Y a diferencia de la ayuda humanitaria, los palestinos tienen que pagar por ellos.