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Los conflictos autonómicos se reducen a cero en el primer semestre del año

Luis R. Aizpeolea

El Tribunal Constitucional no ha registrado en el primer semestre de 1994 ningún recurso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Es la primera vez en su historia que el alto tribunal pasa seis meses sin ser requerido por conflictos autonómicos. La ausencia de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional contrasta con los 16 asuntos de 1993, los 32 de 1992 y los 131 de 1985.El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, atribuye el descenso de la conflictividad al grado cero, de forma parcial, a la mejoría de las relaciones del Gobierno con los partidos nacionalistas.

Peña admitió que la negociación de las leyes entre el Gobierno y los nacionalistas facilita la reducción de la conflictividad, pero también la atribuyó a una razón más de fondo: la existencia de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y una experiencia de los gobiernos autonómicos, que les permite conocer con mayor claridad su campo de juego.

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El secretario de Estado ofreció una tercera causa: la ofensiva del Gobierno para conseguir la retirada de recursos por la vía de la información previa. "La cultura de la negociación y de la retirada de conflictos continúa. Por lo tanto, no tienen mucho que ver en estos momentos las peculiares relaciones que el Gobierno pueda tener con los nacionalistas vascos y catalanes, pero es evidente que también contribuye", dijo Peña.

El Gobierno opina que el principal problema, en estos momentos, radica en el importante número de conflictos del pasado que acumula el Tribunal Constitucional. La cifra asciende a 179. De todos modos, contrasta con los 415 acumulados en 1990.

En el último semestre, el alto tribunal ha desatascado 15 conflictos, el más importante el que permitió a las comunidades autónomas abrir oficinas en la capital comunitaria, Bruselas, al dar la razón a un recurso interpuesto por el Gobierno vasco. Otras resoluciones afectan a ayudas comunitarias a ganaderos y a la ley de televisión privada.

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