Convergencia bis

MUCHAS SON las cosas que han cambiado desde marzo de 1992, cuando el Gobierno logró un amplio respaldo parlamentario al primer programa de convergencia. En él se establecía la estrategia para integrar a España en el grupo de países que realicen en 1997 la tercera y definitiva fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). La diferencia, más importante, sin duda, es la intensa recesión que ha afectado a la generalidad de las economías comunitarias. Entre sus consecuencias está el desdibujamiento de ese horizonte de la integración.Como efecto de la recesión, los Estados miembros de la UE- se sumieron en su mayoría en una introspección -un desplazamiento de las prioridades comunitarias- que indujo al cuestionamiento expreso de algunos de los más relevantes objetivos definidos en el Tratado de Maastricht: los que especificaban cuantitativa y temporalmente las condiciones de convergencia nominal que las economías debían satisfacer. en 1997. La suspensión de hecho de la disciplina cambiaría en que concluyó la larga crisis del Sistema Monetario Europeo (SME) al principio de agosto del pasado año constituyó un claro exponente de esa mayor discrecionalidad con que se empezaban a interpretar las exigencias definidas en el Tratado, de la Unión Europea.

La economía española ha sido una de las que ha sufrido con mayor severidad los efectos de esa recesión. No es extraño, por tanto, que los españoles hayan respondido con una viva decepción al proyecto integrador. El programa de convergencia de 1992 enunciaba en su capítulo cuarto las reformas estructurales que era necesario abordar no sólo para que ésa convergencia fuera alcanzable, sino para garantizar un funcionamiento mínimamente eficiente de la economía. Con contadas y menores excepciones, esas medidas tardaron en concretarse más dé dos años. Las finalmente abordadas, como la reciente reforma del mercado laboral o la introducción de un mayor rigor en la administración de las finanzas públicas, lo han hecho en el contexto económico más adverso de los últimos 10 años.

El Gobierno actual ha revisado aquel programa y, al igual que otros países comunitarios, lo presentará a consideración en la Comisión Europea. Previamente será objeto de debate en el Parlamento español.

Esta segunda edición del programa de convergencia se presenta con mayores dosis de memoria de actuaciones que de efectiva programación de decisiones. El objetivo expuesto de conseguir una tasa media de crecimiento. durante los próximos tres años del 3,4% (2,8% en 1995 y 3,9% entre 1996 y 1997) exige. aprovechar plenamente la fase expansiva que han iniciado las economías europeas, sin perder de vista la necesidad de controlar la inflación.

Con algo más de escepticismo cabe contemplar el propósito de reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 1997, a tenor de la importancia que reviste el déficit estructural en nuestras cuentas públicas y las actuaciones previstas en este programa para su consecución: mantenimiento de los compromisos asumidos en materia de bienestar social y de inversión pública y renuncia a aumentos de la presión fiscal individual. Es al menos dudoso que el, aumento de la recaudación tributaria pueda basarse exclusivamente en el éxito de la lucha contra el fraude y la progresividad global del sistema tributario.

El nuevo debate parlamentario debería centrarse preferentemente, en las reformas estructurales que enuncia el actual programa -alcance de la reforma laboral, actuaciones en- materia de formación profesional, investigación y desarrollo, teledomunicaciones, vivienda y suelo, sistema financiero, sector seguros, modificaciones fiscales, reforma administrativa y nueva Ley General Presupuestaria, mejora de la eficiencia del sector público empresarial, reformas de carácter sectorial- y aquellas otras que propongan los partidos de la oposición. Es una ocasión, en definitiva, de verificar hasta qué punto el Gobierno y los partidos que apoyan. sus actuaciones disponen de algo más que voluntad para reconducir la economía española a la senda de la recuperación y de la convergencia con Europa durante lo que resta de legislatura.