El ministro italiano del Interior dice que Berlusconi le ha engañado y pone su cargo en manos de la Liga

Roberto Maroni, ministro italiano del Interior y el más importante representante de la Liga Norte en el Gobierno de Silvio Berlusconi, declaró ayer que fue engañado para que se aprobara el decreto-ley que suprime la prisión preventiva para los reos de corrupción, y anunció que ha puesto su cargo en manos de su partido para que éste decida su continuidad. El paso agudiza la división del Gabinete, mientras Berlusconi reitera que sólo admitirá modificaciones del decreto si son para excarcelar a más personas y recuerda a sus ministros que el decreto fue aprobado por unanimidad.

"Nos han engañado. Lamento mi ingenuidad, pero no puedo aceptar que hagan pasar ante mis narices cosas distintas", declaró Maroni, tras exponer que el decreto aprobado el martes, poco antes de que el Consejo de Ministros se disolviera con prisas porque comenzaba el partido del campeonato mundial de fútbol entre Italia y Rumania, era idéntico al que se había rechazado hace 15 días por oposición suya.Maroni asegura que se le habían dado garantías de que los delitos relacionados con Tangentópolis -las investigaciones judiciales sobre corrupción asociada a la política- no quedarían exentos de la aplicación de la prisión preventiva.

"El decreto debe ser modificado radicalmente. Si no, tendré que reconsiderar mi permanencia en" el Gobierno añadió el número dos del líder lombardo, Umberto Bossi, que informó a continuación de que ya había puesto su cargo en manos del Consejo Nacional de la Liga Norte. "Será, pues, el Consejo quien decida si he sido engañado", afirmó Maroni.

"Nadie ha engañado al ministro Maroni, a. quien le fue sometido el texto de un decreto ley serio y meditado, como se hace con cualquier ministro en edad adulta", replicó a Maroni el ministro portavoz del Gobierno, Giuliano Ferrara. Por su parte, Berlusconi dijo a los periodistas: "No quiero comentar apresuradamente situaciones que requieren una reflexión".

Lo indudable es que la división desatada por la iniciativa de Berlusconi en el seno de la mayoría se agudiza, y que el nuevo Gabinete salido de las elecciones del pasado mes de marzo se interna en una crisis idéntica a las de los efímeros gobiernos de coalición que caracterizaron a la denostada primera República.

Pero Berlusconi no cede. Tras declarar al pasado viernes que el decreto era necesario para. parar los pies a algunos magistrados que se habían vuelto demasiado protagonistas y añadir que "no es metiendo en la cárcel a grandes empresarios como se restablece la confianza del país y se incrementa el empleo", Berlusconi publicó ayer una amplia declaración escrita con la intención de dar bases más razonables a su iniciativa.

Según el primer ministro italiano, el objetivo del decreto es imponer a los jueces el respeto de la ley e incitarles a acelerar los procesos, a fin de que persigan la corrupción sin menoscabo de la dignidad de las personas. Berlusconi reitera que la magistratura italiana ha abusado de la prisión cautelar, afirma que la situación de las cárceles italianas es patética, sostiene que desde el extranjero se pide a su país que se respeten las garantías procesales y concluye que él será el primero en pedir que el Parlamento modifique el decreto gubernativo, pero para ampliar los supuestos en que se excluye la prisión preventiva.

El primer ministro rechaza que el objetivo del decreto sea poner en libertad a los procesados por corrupción y declara que "no es justo" que los magistrados de Manos Limpias quieran abandonar sus puestos. Estos seguían realizando ayer su trabajo, y todavía no han presentado por escrito las dimisiones que anunciaron el pasado miércoles.

Entre tanto, más de 500 personas han quedado en libertad por la aplicación del nuevo decreto. Las liberaciones de los políticos más célebres fueron acogidas con protestas. "¡Ladrones, sinvergüenzas!" y otros insultos sonaron ante personalidades como Francesco De Lorenzo, liberal y ex ministro de Sanidad, o Giulio di Donato, ex ministro socialista, encarcelados en Nápoles desde hace semanas; que hubieron de abandonar la cárcel protegiénse como podían de las iras de los napolitanos que se habían congregado ante la prisión para gritarles y lanzarles monedas.

Las televisiones italianas transmitieron escenas de gran tensión , al hilo de estas primeras excarcelaciones en aplicación de una norma que está suscitando verdaderas iras. Especialmente en el caso de De Lorenzo, hijo de una familia acomodada de Nápoles y presunto responsable de uno de los fraudes de Tangentópolis más imponentes y ofensivos para el ciudadano, pues se lucraba supuestamente con un bien básico como es la salud pública. De Lorenzo no podía salir a la calle ni siquiera antes de ser detenido, porque la gente de Nápoles le insultaba y porque en los restaurantes no le admitían.

Tanto éste como Di Donato, tuvieron dificultad para caminar los dos metros escasos que les separaban de los coches de carabineros en los que fueron introducidos para ser conducidos a toda velocidad hacia sus casas, donde quedaron bajo arresto domiciliario.