Financieros en el laberinto

El caso Filesa, el ovillo de corrupción política en el que está enredado el PSOE desde hace más de tres anos, engordó esta semana un poco más al caer el sello de "inculpado" sobre uno de los pagadores: el ex presidente del Banco Central Hispano (BCH) y actual presidente de CEPSA, Alfonso Escámez.

Hasta ahora, los altos directivos de bancos, constructoras, eléctricas o empresas de distribución que compraron por valor total de más de mil millones de pesetas distintos informes de Filesa eran citados sólo como testigos. Tras este cambio de línea están las instrucciones del nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, que ha ordenado al fiscal del caso, Antonio Salinas, acelerar las actuaciones que considere pertinentes porque, a su entender, un procedimiento abreviado como es el caso Filesa no puede estar abierto durante tanto tiempo.

La citación como inculpados de otros conocidos empresarios abre nuevos horizontes a un caso que arrancó en mayo de 1991 con la información facilitada por Carlos Van Schouwen, un empleado chileno despedido de Filesa y que reclamaba 25 millones de pesetas como autor de uno de los informes.

¿Cuándo se juzgará el caso Filesa? La pregunta hoy sigue sin respuesta, dada la prolija y compleja instrucción en la que se ha embarcado el magistrado Marino Barbero, que, pese a realizarla por el procedimiento abreviado, lleva más de 37 meses con pesquisas sin cerrar el sumario.

El caso Filesa -en el que se investiga el cobro a una serie de empresas por unos supuestos informes y el pago de facturas a empresas que trabajan para el PSOE en campañas electorales ha convertido en una herida gangrenada en la credibilidad socialista.

Ayer mismo, Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, reconocía que la pérdida de tres millones de votos que ha sufrido el PSOE "comienza en Juan Guerra, sigue con Filesa, y termina en Roldán y Rubio".

El nuevo fiscal del Estado, en su primera conferencia de prensa, concedida el pasado 6 de junio, dijo que no consideraba normal que el caso Filesa durase tanto tiempo. "Es necesario que esta etapa termine como deba de terminar, pero que termine ya. Porque una justicia tardía no es justicia y las dilaciones que puedan ser excesivas no son acordes con lo que es un Estado de derecho".

El hecho de que la mayoría de los banqueros y empresarios citados ahora como inculpados en delitos de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y delito fiscal ya hayan declarado como testigos en la causa ha planteado la posibilidad de que se solicite la nulidad de las actuaciones en el caso de que terminen siendo juzgados,.

En la primera comparecencia tenían la obligación de contestar a todas las preguntas que les fueran formuladas en su condición de testigos. Barbero les tomó juramento y les advirtió de las penas que conlleva el falso testimonio en causa criminal.

Ahora, como inculpados, tienen derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismos, lo que equivale a poder ocultar la verdad, pero en la práctica difícilmente van a hacerlo porque ya tuvieron que contestar forzosamente a extremos que quizá en la nueva situación no hubieran deseado hacer. El recurso por nulidad está servido.

La instrucción del caso [ver cronología] no sólo ha ahondado en la brecha abierta en la dirección del PSOE entre guerristas y renovadores (los primeros como responsables del llamado aparato del partido y los segundos como responsables del Gobier-no), sino que ha sacado a la superficie una intrincada red de empresas que supuestamente sirvió al PSOE para financiarse irregularmente por el sistema de cobrar comisiones a cambio de contratos del Estado.

Además del senador Josep Maria Sala y del ex diputado Carlos Navarro, ambos del PSC-SOE, en la trama aparece Aida Alvarez, militante socialista que abandonó sus responsabilidades en el aparato de finanzas del partido para dedicarse a la gestión de empresas relacionadas con la financiación irregular del PSOE.

Los otros dos implicados directos son Luis Oliveró, tío carnal del diputado Navarro y administrador único de Filesa, una empresa con sede en Barcelona, y Alberto Flores, responsable de Filesa en Madrid y hermano de Elena Flores, durante años secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE.

Primera purga

Filesa y Time Export se integraban en un grupo de sociedades cuya cabecera era Malesa y en el que, por el juego de participaciones accionariales, Filesa dominaba en más de 15 sociedades cuya contabilidad no pudo ser analizada por los peritos fiscales que trabajan para Barbero.

El primer y hasta ahora más importante cadáver político originado por el caso ha sido el de Guillermo Galeote, secretario de Finanzas del PSOE, y diputado por Sevilla cuando estalló caso. Hoy vive apartado de la política e intenta reincorporarse a su profesión médica.

Todos ellos, pero sobre todo los más directamente relacionados con el partido -Sala, Navarro, Álvarez, Galeote-, han sido defendidos por el partido, que se niega a reconocer oficialmente cualquier relación entre Filesa y sus finanzas.

La acusación, en la que están personados el PP y José María Ruiz Mateos, descansa sobre los documentos aportados por el empleado que descubrió las prácticas irregulares de Filesa y de sus sociedades participadas y los incautados en numerosos registros practicados en estos años por el juez Barbero, que ha acumulado una documentación que excede de 100.000 folios sobre el caso. Para establecer el circuito financiero de la trama Filesa, el juez pidió, el año pasado, un dictamen a tres peritos de Hacienda que estudiaron la documentación y certificaron que Filesa recibió más de 1.000 millones por informes inexistentes, pagó facturas del PSOE y puede haber incurrido en fraude fiscal.

Poco después de la difusión de las conclusiones de ese peritaje se produjo la crisis de los renovadores de la nada, en la que Benegas presentó su carta de dimisión a González y que está en el origen de la disolución anticipada de las Cortes y de las elecciones generales de 1993.

El caso Filesa sigue desde entonces con la misma lentitud. El juez instructor ha citado este año a 43 directivos de bancos y empresas para que presten declaración sobre los informes que presuntamente encargaron a empresas del grupo Filesa, entre ellos directivos de los bancos Central Hispano (BCH) y Bilbao Vizcaya (BBV), ABB Energía, la petrolera Cepsa, Focsa, Enasa y Catalana de Gas, entre otras. A pesar del tiempo transcurrido nada hace suponer que el sumario vaya a concluirse este año.