El costoso proceso de separación

SANTIAGO CARCAR El futuro del proyecto IGS-PSV pasa por su desmantelamiento. La cooperativa más grande la historia, que llegó a tener 20.000 socios (los cooperativistas vivos en estos momentos son unos 15.000), acabará troceada en 70 pequeñas unidades si se cumplen los planes de sus actuales gestores.

Por el momento, no se ha concretado ninguna separación de promociones. Los jueces encargados de las suspensiones de pagos de IGS (la gestora de PSV) y de la propia cooperativa PSV estudian en estos momentos los 10 primeros proyectos de escisión. Corresponden a las promociones del sector 3 de Getafe, Alcobendas, Navalcarnero, Orcasitas, Getafe-El Casar, Aranjuez y Torrejón en Madrid; Fontiñas (Galicia) y Tamarguillo y Santiponce (Sevilla).

En total, los cooperativistas afectados por el proceso en marcha son unos 1.200. Pero de los estudios y proyectos hay que pasar a las excavadoras, los albañiles y los andamios. "Si todo va bien" ha asegurado el actual responsable de IGS, Valeriano Gómez a EL PAÍS, "las obras pueden empezar en septiembre u octubre". Sólo así, previo desmembramiento, con el riesgo controlado, los bancos concederán los créditos hipotecarios necesarios para poner ladrillos. Pero trocear el ingente invento nacido en 1988, en el que se cobijaban empresas deficitarias como Unial o Libertur y hasta un conato de banco sindical, como fue IGS de Mercado Hipotecario, no es tarea fácil.

Mucho menos si se tiene en cuenta que tanto la cooperativa PSV como su gestora IGS dependen, en el día a día, de las decisiones que adopten los interventores judiciales que supervisan el pulso administrativo del proyecto desde diciembre de 1993, cuando ambas sociedades suspendieron pagos.

Casi un banco

IGS-PSV, en la que los cooperativistas han depositado 45.000 millones de pesetas, continúa en la cuerda floja. En diciembre, créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 9.200 millones consiguieron evitar la quiebra definitiva de IGS-PSV. Con ese dinero, respaldado por el patrimonio del sindicato UGT, se tapó el agujero de IGS de Mercado Hipotecario, la sociedad en la que depositaban sus ahorros los cooperativistas y que, ante las carencias de financiación, había servido de soporte para el conjunto del proyecto. En marzo, llegaron los avales del Gobierno, más de 8.000 millones de pesetas que deben ser utilizados para apuntalar las compras que conviertan a cada pequeña promoción en un proyecto real: con suelo, licencia y proyecto.

Con créditos y avales, la clara intención de desmantelar y los interventores judiciales de acuerdo en facilitar las escisiones, todo parecía encarrilado. Pero quedaban por solucionar las querellas presentadas por cooperativistas de toda España contra los gestores de IGS y PSV y contra el sindicato UGT.

Y todo se ha complicado. Se reclaman daños y perjuicios; se reclama el dinero aportado al proyecto; hay abogados que recomiendan a los cooperativistas aceptar incrementos en los precios y otros que aconsejan lo contrario. Es una ceremonia confusa que ha llevado de nuevo el temor a los gestores de IGS-PSV. Temen que el juez Miguel Moreiras adopte decisiones drásticas sobre los bienes de IGS y de PSV; temen que los cooperativistas rechacen las soluciones esbozadas... Temen el derrumbe.

La 'derrama'

Una cifra es clave: las 700.000 pesetas de esfuerzo adicional (derrama) que se solicitan a cada uno de los 15.000 socios que quedan en PSV. Si los cooperativistas se negaran a pagar esa cantidad adicional, el proceso de suspensión de pagos y escisión-segregación de PSV en 70 pequeñas cooperativas no se podría llevar a cabo. Y los bancos no pondrían ni una sola peseta en el proyecto. Así están las cosas.

¿Por qué son tan importantes las 700.000 pesetas por cabeza o, lo que es lo mismo, los 9.500 millones que supone la derrama global? Según los responsables de IGS, porque sólo así será posible traspasar desde IGS-PSV a cada pequeña cooperativa independiente los activos necesarios para construir (terrenos, licencias, proyectos) y, al mismo tiempo, atender a los acreedores de la suspensión de pagos tanto de la gestora como de la cooperativa PSV. En el caso de qué IGS-PSV no obtenga los 9.500 millones, los interventores judiciales se verían obligados a retener los activos para hacer frente a los acreedores del proyecto. Y entre los acreedores no sólo hay cooperativistas.