El Defensor del Pueblo critica al Gobierno por expulsar a inmigrantes y dejar a sus hijos sin protección

El Defensor del Pueblo ha enviado un escrito al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en el que critica duramente al Gobierno por "incumplir el deber de especial protección" a los menores, sobre todo a los hij os de inmigrántes. Dicha institucíón ha íntervenido en repetidas ocasiones para analizar si la expulsión del niño, en unos casos, o la separacion forzada de sus padres, en otros, ha sido una decisión que estaba "plenamente fundamentada".Margarita Retuerto, defensora del Pueblo, recuerda que España tiene suscritos varios tratados internacionales que "obligan de una manera especial al Estado a preservar en todo caso la condición del menor de edad, sea cual sea su raza, condición u origen" reforzando aún más si cabe lo dispuesto a este respecto por la Constitución.

El Defensor del Pueblo señala que ha comprobado, que el Gobiemo pone mayor interés en luchar contra la inmigración ¡legal que en "la debida protección jurídica del menor". Esto, en opinión de Retuerto, implica "conculcar la normativa interna española" ya que tanto el estatuto del ministerio fiscal como el Código Civil expresan claramente, "la obligación que tienen todas las autoridades de prestar una especial protección al menor, máxime cuando éste se encuentra desamparado".

La institución afirma que ha comprobado que en los últimos meses se han producido varios casos en los que la Administración ha aplicado la ley de Extranjería contra niños o contra sus padres, "sin que se hayan observado las necesarias garantías de protección [al menor] que preven nuestras leyes".

Retuerto denuncia el caso de un marroquí que fue expulsado de España y separado de su hijo de cuatro años, fruto de su matrimonio con una española que falleció en noviembre de 1992. O el caso de otra marroquí expulsada "sin otros motivos que hallarse en situación ilegal", teniendo que llevar consigo a su hija española de seis años. O una ecuatoriana de 15 años que fue obligada a estar dos días en el aeropuerto de Madrid, con "potencial peligro para su integridad".