La Diputación de Santander gastó 89 millones, en estudios nunca usados

La Diputación de Santander ha malgastado en los últimos tres años 89 millones de pesetas en estudios de dudosa o nula utilidad encomendados a empresas ajenas y que están olvidados. en las consejerías. La concesión a la empresa Cantel sin expediente previo de unos informes sobre la repercusión socioeconómica de la pavimentación rural, por importe de 48 millones, es uno de los expedientes que han provocado el proceso del presidente regional, Juan Hormaechea, y de nueve de sus colaboradores, actualmente sometidos a juicio oral.El funcionario de la Consejería de Obras Públicas Francisco Beltrán de Heredia, ex jefe del Servicio de Estudios y Asesoramiento, quien debía haber sido el autor de los trabajos, ha reconocido en su comparecencia como testigo que los llevados a cabo por Cantel son de una "simplicidad aterradora y carecen de profundidad". Beltrán aseguró que él hubiera invertido solamente una semana en redactarlos aprovechando su tiempo de funcionario, por lo que a la Diputación le hubieran salido gratis. Otro testigo de la Consejería de Obras Públicas reveló ante el tribunal que los informes han permanecido olvidados durante meses en un pasillo y ahora se encuentran archivados sin que nadie los reclame para ser consultados.Otro tanto ocurre con los que, por valor de 38 millones de pesetas, la Diputación Regional, bajo el gobierno de gestión, encargo a una empresa radicada en Madrid sobre temas relacionados con la juventud, la incidencia del turismo vasco en Cantabria y la ganadería."Política personalista"Ayer, en el juicio oral, el abogado Manuel Pardo Castillo, ex diputado regional y presidente de la comisión investigadora, cuya tarea precedió a la querella contra Hormaechea por presuntos delitos de prevaricación y malversación, declaró al tribunal que "no ha habido nunca una política más personalista en Cantabria que la del presidente Hormaechea", lo que le indujo en su día a abandonar el Grupo Popular para pasarse al mixto en el Parlamento autónomo.

El testigo querellante y Hormaechea protagonizaron ayer un vivo, largo y confuso debate, en el que el primero fue acusado por el presidente por su "permanente implicación en cuestiones urbanísticas, aprovechando sus influencias políticas".

El presidente de la sala, Claudio Movilla, invalidó numerosas preguntas de Hormaechea -quien volvió a defenderse a sí mismo- dirigidas a Pardo Castillo, y le recordó que el tribunal no estaba juzgando al testigo, "sino a usted y a otros nueve procesados".

En otro momento, al considerar improcedente una nueva interpelación al testigo, Movilla le dijo a Hormaechea: "Yo respeto mucho a todo procesado, pero le advierto que estoy autorizándole mucho más de lo que cualquier otro juez haría en este país. Haga su pregunta, por favor, y no insista sobre su historial político, que a la sala nada le importa".

El juicio oral ha quedado suspendido hasta el miércoles, día en que comparecerán los restantes testigos.