Dictamen a medias

ERA PREVISIBLE que las conclusiones de la comisión Roldán coincidieran en lo jurídico (responsabilidades penales e irregularidades administrativas) y fueran divergentes en lo político (alcance de las responsabilidades). En el escenario de la comisión también se ha dibujado la línea divisoria que hoy separa a las fuerzas políticas del arcoparlamentario: de un lado, PSOE, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria; de otro, Partido Popular, Izquierda Unida y Grupo Mixto.¿Quiere ello decir que las conclusiones de la comisión han estado condicionadas por la estrategia global que cada uno de estos grupos políticos mantiene frente a la acción del Gobierno? Parece obvio que sí, aunque habría sido deseable que estas posturas previas se hubieran atemperado lo más posible a la realidad de los hechos investigados y a la lógica de las soluciones consideradas más eficaces para sancionarlos y erradicarlos. Pese a ello, no puede negarse que el trabajo realizado por los integrantes de la comisión Roldán responde en un tanto por ciento muy elevado a la tarea que se les encomendó.

Se dijo en un principio que el éxito de la comisión dependía de la voluntad política de sus miembros para vencer resistencias, así como de su capacidad para desmontar obstáculos legales de aparente consistencia. Las resistencias, de existir, han sido vencidas: los comisionados han tenido acceso a los documentos y testimonios necesarios para. su labor de investigación. Y tampoco se han encontrado con ningún impedirnento legalmente insuperable para seguir el rastro del mal uso de los fondos reservados sin necesidad de poner en cuestión su carácter secreto.

En lo jurídico no ha habido duda alguna sobre la existencia de indicios de criminalidad en la gestión presupuestaria y administrativa de Luis Roldán durante su mandato al frente de la Guardia Civil, así como en la actuación de otras personas. Tampoco la ha habido en cuanto a la comprobación de %nsuficiencias objetivas" en los sistemas de gestión y control que facilitaron tales comportamientos irregulares y presuntamente delictivos. La remisión de tales indicios debidamente documentados al juzgado que instruye el proceso penal contra Roldán cumple una de las funciones propias de las comisiones parlamentarias de investigación: colaborar con la justicia en aquello que pueda ser constitutivo de delito. También lo es señalar las lagunas e insuficiencias normativas que facilitan la vulneración de las leyes y llamar la atención del legislativo para que ponga remedio.

Pero la unánimidad y el consenso se han roto en la función más específica y ardua que compete a las comisiones de investigación: la exigencia de responsabilidades políticas. No puede decirse que en este aspecto capital los comisionados hayan acertado. Unos (el bloque formado por PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria) se han quedado cortos, y otros (PP, IU) se han pasado. Se han quedado cortos los primeros porque, tras reconocer implícitamente que las dimisiones de los ex ministros Corcuera y Asunción están relacionadas con la aceptación de responsabilidades políticas por el caso Roldán, se han abstenido de exigirlas explícitamente. Y se han pasado los segundos porque en su afán de extender las responsabilidades políticas al más alto nivel (en una especie de moción de censura subrepticia) quieren implicar directamente al presidente del Gobierno.

El dictamen oficial de la comisión, así como las enmiendas particulares, todavía deberá ser debatido por el Pleno del Congreso. Hay tiempo, pues, de perfilar un poco más las conclusiones que finalmente se adopten en cuanto a las responsabilidades políticas. Puede admitirse, como tesis más acorde con la naturaleza de los hechos y con la ubicación que tiene la Dirección General de la Guardia Civil en el organigrama admistrativo, que estas responsabilidades se limiten al Ministerio del Interior. Pero a condición de que se determinen y se exijan de forma inequívoca. Sería ridículo que el prófugo Roldán fuera el único responsable político, además de serlo presuntamente también penal, de todas las fechorías que se le imputan durante su prolongado mandato al frente de la Guardia Civil.