Luz sobre las eléctricas

LA ELABORACIÓN de una Ley del Sistema Eléctrico fue un objetivo prioritario del Ministerio de Industria durante la pasada legislatura. La convocatoria de elecciones generales impidió la continuidad de su tramitación parlamentaria, una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Ministros el 2 de abril de 1993. Ahora vuelve al Parlamento con pocas pero significativas modificaciones. Se trata de una norma necesaria que habrá de garantizar la mayor seguridad jurídica posible en la regulación y ordenación de un sector de singular importancia para la economía española, en el que hasta ahora coexisten numerosas y complejas normas nacionales de diferente rango con disposiciones de derecho comunitario.Sus objetivos básicos son los definidos en el anterior proyecto: la actividad eléctrica como servicio público, la garantía de suministro y la tarifa unificada. También se conservan como ejes esenciales del proyecto la distinción entre sistema integrado y sistema independiente, la creación de una Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y la separación de las actividades de generación y distribución, aunque compatibles en el seno de un mismo grupo de empresas.

Las modificaciones que incorpora este proyecto favorecen, en general, más directamente a las compañías eléctricas. En primer lugar, porque queda bloqueada de hecho la creación de sociedades comercializadoras independientes, que había generado una manifiesta incomodidad en las empresas generadoras. La mejora en la calidad del servicio y la mayor capacidad de negociación de los consumidores, que el proyecto anterior pretendía favorecer introduciendo la competencia entre las comercializadoras, dependen ahora de las especificaciones y el control de la Comisión Nacional del Sistema.

El definitivo reconocimiento de la moratoria nuclear -la traslación a la tarifa eléctrica del coste de las instalaciones paralizadas: los dos grupos de Lemóniz, los dos de Valdecaballeros y Trillo 2- se materializa en el establecimiento de un periodo máximo de 25 años para satisfacer la compensación total, valorada en 739.000 millones de pesetas por el Ministerio de Industria. En 1994, los usuarios pagarán 69.000 millones de pesetas a las compañías titulares de esas centrales con el 3,54% de la tarifa, tal como se viene haciendo desde que esos cinco grupos entraron en moratoria, en 1984. Durante los próximos años, esa cantidad anual se aumentará a razón de un 2% por año. La nueva ley prevé la posibilidad de distribuir en títulos la deuda de la moratoria nuclear para que pueda ser comercializada entre particulares y empresas.

Al igual que el proyecto anterior, el nuevo texto amplía las competencias de las comunidades autónomas en la actividad eléctrica -en el desarrollo y ejecución de la normativa básica y en la autorización de las instalaciones, cuando su aprovechamiento no afecte a otras comunidades o el transporte no se salga de su ámbito territorial-, creándose en el seno de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional un consejo consultivo en el que estarían representadas las comunidades autónomas.

La posibilidad de que las empresas generadoras suscriban contratos de importación de electricidad de centrales específicas (actualmente sólo lo puede hacer Red Eléctrica de España) completa los aspectos esenciales de este nuevo proyecto. Es de esperar que la tramitación parlamentaria esté presidida por un amplio y riguroso debate que ponga fin de una vez a la situación de interinidad que vive un sector clave de nuestra economía, inmerso desde hace tiempo en un proceso de reestructuración empresarial. De su funcionamiento eficiente no sólo depende la estabilidad de las empresas eléctricas, sino la del resto de la industria y de la economía española.