El Gobierno y la Generalitat inician una nueva tanda de traspasos

El traspaso de competencias del Gobierno central a la Generalitat catalana experimentó ayer un nuevo impulso. El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat catalana, Macià Alavedra, firmaron un acuerdo de siete traspasos de servicios, entre los que destacan el personal laboral de la Administración de Justicia y el control de la calidad agroalimentaria. Su importancia es simbólica por ser el primer traspaso a la Generalitat desde diciembre de 1992. "Los traspasos estaban muy paralizados. Ahora continúan", dijo Alavedra.

Pero el consejero de Economía de la Generalitat fue aún más allá, en las declaraciones posteriores a la firma. Anunció que este mismo mes de junio se podría alcanzar un primer acuerdo en materia policial entre la Generalitat y el Gobierno central, cuyo objetivo final es la cesión del mando de las Fuerzas de Seguridad al presidente de la Generalitat, una de las reclamaciones más importantes del nacionalismo catalán.Macià Alavedra anunció también que durante este mes "tendrían que moverse" las restantes reivindicaciones autonómicas que el presidente Pujol planteó al presidente del Gobierno, Felipe González, en la carta que le envió el pasado mes de marzo, tras su entrevista en Madrid: la financiación de la sanidad, el control de los fondos de cohesión, la modificación de algunas leyes orgánicas, como la de costas, y la culminación de las competencias en materia agrícola. Pujol había solicitado que se desbloquearan estos traspasos antes de la negociación del presupuesto de 1995, que iniciarán en verano el Gobierno y Convergència i Unió (CiU).

El consejero de Economía de la Generalitat dijo ayer que la reivindicación de que se supriman los gobernadores civiles, en el marco de una reforma de la Administración periférica del Estado, quedaba aplazada. "Hay todavía tiempo para hablar de ello. Esta legislatura va a durar", dijo.

Macià Alavedra aseguró que el apoyo de CiU al Gobierno de Felipe González está garantizado en base a tres criterios: la apuesta por la estabilidad política "en un momento de síntomas de recuperación económica"; una política económica que tenga en cuenta la economía productiva, y una política autonómica "que sea generalizable a toda España". "Mientras se den estas condiciones, nuestro apoyo está asegurado", añadió.

El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, en unas breves declaraciones realizadas tras la firma del acuerdo con la Generalitat, se limitó a señalar que el Gobierno está cumpliendo el calendario de trabajo. Macià Alavedra, por su parte, quitó hierro a las interpretaciones electoralistas que se pudieran hacer del acuerdo sobre traspasos. "Se quiere presentar nuestro apoyo como algo condicionado a contraprestaciones. Pero los traspasos corresponden a competencias definidas en los estatutos. Se están cumpliendo las leyes", dijo. Lo mismo que hace una semana manifestó el consejero de Presidencia del Gobierno vasco, Joseba Zubía, al firmar los ocho primeros traspasos que el Ejecutivo vasco después de siete años de paralización autonómica.