IU propone acabar con la mafia de los subasteros mediante una revista pública inmobiliaria

En los Juzgados de la plaza de Castilla de Madrid se subastan al mes unos 200 pisos de personas que no han podido pagar el crédito hipotecario. Estos pisos se podrían comprar muy baratos si no fuera por la intervención, las jornadas de subasta, de una serie de personas que copan todas las opciones de compra. Los juzgados, esos días, son el monopolio de los subasteros. La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, se ha mostrado impotente ante esta mafia. Hace un mes pidió la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para abrir al público las subastas. Ayer obtuvo la primera respuesta: Izquierda Unida ha propuesto una revista oficial inmobiliaria y una oficina de asesores.

Izquierda Unida presentó ayer en el registro de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la línea de lo reclamado por la decana de los juzgados, con dos actuaciones inmediatas: que la Comunidad publique una revista mensual inmobiliaria -con fotos, gráficos y planos por distritos y ayuntamientos- con las subastas previstas; y que en el plazo de tres meses se ponga en funcionamiento en los juzgados una oficina de información para simplificar a los posibles interesados el complejo proceso judicial necesario para concurrir a una de esas viviendas.La mafia de los subasteros controla en un año alrededor de 2.000 pisos de tres o cuatro, habitaciones que consiguen por precios inferiores a los cinco millones de pesetas. Esas mismas viviendas en el mercado libre costarían cuatro veces más. Sólo con lograr que ese volumen de pisos ahora sujetos a los intereses de la mafia de los subasteros entrase en el mercado de la vivienda de Madrid se rebajarían algo sus elevados precios y se beneficiaría a los propietarios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, construye sólo unas 3.000 viviendas en un año.

Manuela Carmena lo comentó así en una entrevista en este periódico: "En los juzgados vendemos pisos baratos todos los días, y es muy doloroso que, pudiendo los ciudadanos beneficiarse de bienes muebles e inmuebles necesarios en la actual coyuntura económica, exista una especie de cartel o colectivo totalmente ilegal que impide adquirir una vivienda un precio módico".

Izquierda Unida registró ayer en la Asamblea una proposición no de ley que se hace eco de los requerimientos de la juez decana para hacer más transparentes las actuales subastas.

En primer lugar, se insta al Gobierno de la Comunidad a montar una Oficina Regional de Información de Subastas Judiciales para poner en conocimiento de los ciudadanos las subastas previstas en todos los juzgados de la región.

Esa oficina sería dotada de recursos materiales y humanos, con asesores jurídicos para informar al público, gratuitamente y desde el punto de vista legal, de los inmuebles afectados.

Esa información se relaciona con el complejo proceso judicial de las subastas: el precio real de salida, la consignación, hipotecas, censos y gravámenes a que estén sujetos los bienes, así como si las viviendas están afectadas por otro tipo de cargas económicas o están todavía ocupadas ("con bicho dentro", como las conocen en la jerga de los subasteros).

La Comunidad deberá editar una revista mensual por ayuntamientos y distritos con todas las subastas, y "evitando, en la medida de lo posible, reproducir, sin más, los textos de los boletines oficiales, ya que lo que se pretende es llegar a los interesados utilizando un lenguaje claro y comprensible".

Las subastas salen ahora en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad de Madrid, pero éstos llegan a un sector del público muy determinado. Diego López Garrido, diputado nacional de IU, y Adolfo Gilaberte, parlamentario regional de esta coalición que firma la proposición no de ley, explicaron ayer que la revista de la Comunidad deberá distanciarse del lenguaje de expertos habitual en esos boletines, y no descartaron que esos anuncios se publicaran en medios de comunicación.

López Garrido anunció que IU reclamará en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para simplificar y agilizar los trámites de estas subastas.