El Consejo de la Juventud presentó un balance con unas pérdidas inferiores en un 40% a las reales

Las cuentas de 1992 presentadas por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid "no reflejaban una imagen fiel" de su estado financiero. El máximo organismo del asociacionismo juvenil elaboróun balance en el que las pérdidas sumaban 7.789.867 pesetas, un 40% menos que las auditadas posteriormente por la Consejería de Hacienda, 11.270.115. Las irregularidades destapadas en esta entidad han desencadenado la reacción parlamentaria:IU ha exigido la rendición de cuentas de los consejeros de Educación y de Hacienda; el director general de Juventud, a petición propia, ha solicitado intervenir ante los diputados, y el PP ha convocado al actual presidente del consejo.

La maquinaria parlamentaria se ha disparado ante el cúmulo de irregularidades que se cometieron en la gestión de esta entidad de derecho público (véase EL PAÍS del martes y el miér coles). A ellas se suman ahora las pérdidas descubiertas en el informe provisional de la Inter vención General de la Consejería de Hacienda. Pese al desajuste, los gesto res del consejo, organismo que aglutina a unas 50 asociaciones juveniles, imputaron casi la mitad de las pérdidas de su balance -3.473.857 millones- a los ejercicios anteriores, cuando en realidad éstas apenas ascendían a 390.531 pesetas. Paralela mente, mostraron un activo in flado en más de un 15%.

"El desfase se debió a que nuestro balance sólo llegó has ta el 30 de noviembre, y la auditoría comprende hasta el 31 de diciembre. Además, los ingresos de Juvenalia fueron ese año inferiores a lo esperado", declaró ayer el presidente del consejo en 1992, Ignacio López, de Juventudes Socialistas, que desarrolló su trabajo sin remuneración.

Las desviaciones contables se combinan, sin embargo, con otras acciones difícilmente explicables en una entidad autogestionada, pero cuyos ingresos procedían en un 95% de subvenciones públicas. La auditoría saca a la luz toda una lista: las dádivas que se otorga ron los miembros de la dirección -cuyo importe fue de vuelto por los beneficiados sólo después de su aparición en el informe-, el impago del IRPF de los empleados y de las cuotas a la Seguridad Social, o la contratación por el consejo de una empresa en la que participaban ex altos cargos y a la que, se pagó sin reflejarlo en la contabilidad.

Muchas comidas

El informe también pone de relieve el desproporcionado gasto suntuario -especialmente en comidas de pocos comensales en restaurantes-, que fue superior al dinero invertido en actividades, o el mantenimiento de una burocracia, cuyo personal absorbió un 65% de los ingresos. Todo ello, en una situación en la que los ingresos se hundían al tiempo que se disparaban los gastos.Los últimos datos, además, reflejan prácticas opuestas a las mínimas normas contables y financieras. Así, en muchos casos, se redondeaban los pagos por encima de las facturas. Otro ejemplo de "informalidad", según los auditores, estriba en que la comisión permanente -la ejecutiva del consejo- sólo aprobó gastos por valor de 1.359.000 pesetas, cuando el total se elevó a más de 41 millones. En este contexto, Hacienda destaca que en la adquisición de bienes y la contratación de servicios no se solicitaba el concurso de varias ofertas para garantizar una buena gestión del gasto.

Ante esta situación, la Comunidad y los partidos de oposición han mostrado su repulsa. Mientras Joaquín Leguina ha asegurado que "la sociedad civil no es perfecta", la Dirección General de la Juventud, que pagó en 1992 el 73% de los ingresos del consejo, ha decidido cambiar la ley fundacional de la entidad, enviar el informe al Tribunal de Cuentas y supeditar nuevas subvenciones al pago de las deudas.

Para apuntalar la imagen de transparencia, el director general de Juventud, Juan Manuel Aceña, quien no ocupaba el cargo en 1992, ha solicitado comparecer ante los diputados. Esta intervención se celebrará posiblemente el 10 de junio.

Izquierda Unida y su portavoz en la Comisión de Juventud, Maite Martínez, han exigido, por su parte, la comparecencia de los consejeros de Hacienda y Educación. Para Martínez, el informe demuestra la necesidad de reformar la concesión de subvenciones al consejo, de forma que se ajusten a "criterios objetivos" y a "actividades concretas" que se correspondan con las líneas aprobadas por la Asamblea. La diputada también pedirá que se elaboren auditorías tanto de los años anteriores a 1992 como del posterior. Su finalidad sería averiguar si los fallos destapados por el informe se debieron a los gestores o a la propia estructura del consejo.

El portavoz del PP en la Comisión de Juventud y cabeza de Nuevas Generaciones, Pedro Calvo, arremetió contra Leguina y sostuvo que no es la sociedad civil, sino la subvencionada la que ha entrado en crisis. Para Calvo, el consejo se ha "podrido" por su politización.