El Defensor del Pueblo elogia la "nueva cultura" de la lucha por la intimidad

La defensora del pueblo en funciones, Margarita Retuerto, destacó ayer, en la presentación de su informe anual a las Cortes, la importancia de las reclamaciones sobre el derecho a la intimidad ya que, a su juicio, "significan una nueva cultura". Las quejas de todo tipo recibidas en 1993 aumentaron un 12%, y en el 62% de los casos la Admmistración reconoció su error. Es el primer informe de un defensor interino.

La protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen -garantizados por el artículo 18 de la Constitución- concentraron muy especialmente los esfuerzos del Defensor del Pueblo durante 1993. Entre otras acciones esta institución ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Carácter Personal, al considerar que en el texto legal no se garantiza adecuadamente la confidencialidad de los datos.Del mismo modo que en el informe de 1992, en el que lamentaba la falta de respeto en las informaciones de prensa a la intimidad de los menores incursos en procesos penales, en el presente documento se pone el énfasis en la defensa de los menores víctimas de delito. El Defensor del Pueblo se congratula, no obstante, de que el, Ministerio Fiscal haya aceptado sus recomendaciones para preservar los derechos de los menores.

La protección de la intimidad de los presidiarios merece también la atención del defensor, que ha recibido quejas de reclusos "en relación con cacheos que implican desnudos, flexiones y pruebas radiológicas".

Malos tratos. El informe pone de relieve un descenso de las quejas por malos tratos, contra los miembros de la seguridad privada y un aumento de las protestas por las actuaciones de las policías locales. Respecto a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, se repitieron el año pasado las dificultades en la adopción de medidas cautelares contra los denunciados por estas prácticas.

El Defensor del Pueblo agradece en esta materia la colaboración de la Fiscalía General del Estado, de la que destaca la prontitud y, principalmente, la exhaustividad con la que atiende sus solicitudes de información.Hacinamiento penitenciario. El aumento de la población reclusa (de 42.043 internos en 1992 a 46.616 en 1993), la falta de adecuación de los centros penitenciarios para acoger a nuevos presos, junto con la lentitud en la inauguración de nuevas cárceles son, según el informe, los principales problemas de las prisiones. En concreto, se pone de manifiesto la gravedad de esta situación, que provoca en algunas celdas la acumulación de más de dos presos en los centros de Almería, Badajoz, Jerez, Madrid I-Carabanchel, Sevilla I, Teruel y Zamora. El Defensor del Pueblo destaca, además, la insolidaridad de muchos municipios al retrasar aún más con su oposición la construción de nuevos penales y reconoce los esfuerzos de la Administración penitenciaria para afrontar el problema.

Xenofobia y racismo. La búsqueda de medios "eficaces y reales" para proteger los derechos de los extranjeros y para erradicar el racismo y la xenofobia están presentes de nuevo en la comunicación a las Cortes Generales. En esta ocasión se hace un llamamiento a toda la sociedad para que comparta con la Administración la responsabilidad de combatir la discriminación por razón de raza. Se recuerda además que, si bien España. carece de una legislación específica para perseguir y castigar algunas conductas racistas, muchas sí tienen una respuesta en el Código Penal. Retrasos en la objeción. El enorme incremento de las peticiones para acogerse a la objeción de conciencia en el servicio militar ha provocado excesi-. vos retrasos en la resolución de las solicitudes. Se resaltan también otras anomalías en el efectivo reconocimiento de los objetores, como son las condiciones de la prestación, las prórrogas, los aplazamientos y las exclusiones.Menos novatadas. Las denuncias de novatadas y tratos vejatorios en el servicio militar han sido escasas. El Defensor del Pueblo insta, sin embargo, al Ministerio de Defensa a que continúe la persecución de estas prácticas hasta su erradicación total.

Ocho soldados o familiares de los mismos se dirigieron el año pasado al Defensor del Pueblo para denunciar retrasos en los reconocimientos médicos para la tramitación de expedientes de inutilidad total.Listas de espera. Las listas de espera en los centros públicos sanitarios concentran buena parte de las quejas de los usuarios. Las protestas ponen de relieve graves demoras en atención al enfermo, "con menoscabo progresivo de su salud", así como la negativa de la Seguridad Social a reintegrar gastos en centros privados, aunque sean justificados.

La falta de centros adecuados para el tratamiento de la salud mental vuelve a ser, como en años anteriores, uno de los asuntos que más preocupan a los familiares de estos enfermos."Situación limite". Los atascos en la Administración de Justicia son especialmente graves en el orden contencioso-administrativo. El informe alerta sobre la "situación límite" a que se ha llegado debido al enorme número de casos pendientes. Respecto a la situación general de la Justicia, el documento destaca que en los últimos años se ha producido un "sustancial avance" con la creación de numerosos órganos jurisdiccionales y la racionalización de su distribución territorial y orgánica. Sin embargo, el Defensor del Pueblo insiste en que se deben reforzar los aspectos cualitativos de su funcionamiento, así como "continuar en el esfuerzo para una mejor formación de los jueces, que debería extenderse a los fiscales, secretarios y personal auxiliar".Concesiones Irregulares. Los retrasos en la construcción de viviendas de promoción municipal y las concesiones irregulares de pisos sociales son dos de las principales quejas de los ciudadanos en este capítulo. El chabolismo, particularmente en Madrid, donde 1.155 familias habitan en infraviviendas, es otro de los fenómenos reseñados.Bilingilismo en la escuela. La

intensidad con la que se usa la lengua cooficial si en los centros de enseñanza de algunas autonomías continúa siendo una de las quejas, si no más frecuentes sí más constantes, en el ámbito educativo. El informe destaca el proceso de "inmersión lingüística" iniciado en Cataluña como el asunto de mayor importancia durante 1993. Las protestas de los padres de alumnos catalanes no tienen un solo sentido, sino que señalan en unos casos insatisfacción por la valoración del castellano en las aulas y en otros por la del catalán. A este respecto, el Defensor del Pueblo ha informado a los interesados que la normativa del Gobierno autónomo se adecua a la legislación educativa de carácter estatal y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. únicamente la aplicación de las normas en casos concretos sería susceptible de seguimiento por esa institución.