Crystaloil una empresa pública un tanto turbia

El PP de Castilla y León se niega a que sea investigada, y una consultoría de EE UU amenaza con denunciarla

Valladolid / Washington - 24 may 1994 - 22:00 UTC

La transparencia no parece ser la característica principal de la empresa Crystaloid, participada en más de un 50% por la Junta de Castilla y León que preside el popular Juan José Lucas.La oposición socialista ha exigido a las Cortes regionales que una comisión de investigación "aclare la participación del Gobierno autónomo en la empresa, así como la de algunos dirigentes del Partido Popular de la capital vallisoletana que desarrollan diversas actividades en los órganos de gestión de Crystaloid". El PSOE pretende demostrar que Crystaloid sirvió de tapadera para la financiación irregular del Partido Popular.

Por su parte, una importante consultoría de Estados Unidos prepara acciones judiciales por incumplimiento de contrato contra Crystaloid, a la que acusa de corrupción, de prácticas comerciales ilícitas, de facilitar información falsa y de graves irregularidades financieras.

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Las investigaciones realizadas hasta el momento por la oposición socialista sobre Crystaloid, empresa fabricante de cristal líquido ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo, a 15 kilómetros de Valladolid, fijan "en más de 2.000 millones de pesetas los desembolsos realizados por el Gobierno, de Castilla y León en Crystaloid en poco más de tres años", además de corroborar "la existencia de graves irregularidades contables y administrativas".

Esas irregularidades, según el socialista Zenón Jiménez Ridruejo, "aparecen reflejadas en las auditorías externas encargadas por la propia Junta, que revelan diferencias entre el activo y el pasivo superiores a los 500 millones de pesetas en una empresa cuyo capital se cifra en torno a los 800 millones".

La "sospecha fundada" de que Crystaloid sirvió como tapadera para la financiación iegal del PP se basa, a juicio de Jiménez Ridruejo, "en las revelaciones hechas por un alto cargo del PP y la presencia en su consejo de administración de parlamentarios nacionales de la formación política conservadora". Todo esto, según el portavoz socialista, "contando con que la ubicación de la sede social de Crystaloid está en el despacho del presidente provincial del PP de Valladolid, Tomás Villanueva, que es a la vez el asesor jurídico de la compañía".

Crystaloid rompió su relación con la firma de consultoría de EE UU que gestionaba su venta, Electronic Display Group (EDG), después de que ésta se negase a pagar comisiones a "ciertas personas" y una vez que la compañía norteamericana hubiera descubierto serias irregularidades contables en la empresa española.

Incumplimiento de contrato

El presidente de EDG, Peter Pihos, ha dado instrucciones a su abogado de Madrid para que examine las condiciones que permitan interponer una demanda contra Crystaloid por incumplimiento de un contrato firmado el 17 de diciembre de 1993 entre esta empresa y el consorcio de compañías interesadas en la compra que EDG habla conseguido reunir.El contrato, que es una carta de intenciones, está firmado por Peter Pihos y por Pascual Fernández Martínez, alto cargo de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, en nombre de Crystaloid.

Pihos asegura que, apenas un mes después de la firma, Crystaloid entró en negociaciones directas con una de las compañías que formaban el consorcio, Omega, lo que viola los términos del contrato, que impide expresamente al vendedor entrar en contacto con los miembros del consorcio durante un periodo de nueve meses. Pihos cree que Crystaloid actuó de esa manera porque EDG se había negado apagar determinadas cantidades de dinero que un representante de Crystaloid en Nueva York le había pedido para "cuidar a ciertas personas" y porque EDG había descubierto que la empresa española tenía unas pérdidas aproximadas de un millón y medio de pesetas diarias.

Pihos asegura que Robert Keller, que representa los intereses de la Junta de Castilla y León en EE UU y que fue de uno de los autores del acuerdo de diciembre, se reunió con él para informarle sobre "cómo se hacían negocios en España y qué problemas podrían surgir". Ésta es la versión de Pihos: "Comimos juntos y me comentó cómo era la maquinaria en España, la política... y me decía que para realizar algún tipo de negocio había que cuidar a ciertas personas. Yo le dije que no estábamos dispuestos a entrar en esas cosas, que no estamos acostumbrados a tratar con Gobiernos que utilizan esos métodos, que no lo entendemos ni participamos en eso, y que lo único que queríamos era representar a nuestros clientes y negociar nuestro propio pago. Presupongo que el contrato se rompió porque no queríamos pagar un soborno".

Versión de Keller

Keller niega esta versión y asegura que el contrato se rompió porque EDG no consiguió nunca reunir empresas interesadas en la compra de Crystaloid. Pihos asegura que mantuvo permanentemente informado de todas las circunstancias de la relación con Keller a Antonio Menéndez Cerbelo, director del Parque Tecnológico de Boecillo.El consorcio, que fue registrado como NEW Co., lo integraban también Philips, Denistron International, Standish Industries, Zvi Yaniv (de Israel), PDS Inc. y FA Technology.

EDG dispone de información, de la que tiene copia EL PAÍS, que respalda la relación que mantenía con los siete miembros del consorcio. Como prueba de lo cerca que estaba de la venta de Crystaloid, el presidente de EDG asegura que PDS, Philips y Omega habían comenzado ya a trabajar juntos en la posibilidad, de la producción conjunta de cristal líquido y marcadores electrónicos en la factoría de Valladolid. El presidente de EDG afirma que PDS se queja de haber perdido millones de dólares en esa investigación.

Los primeros problemas con Crystaloid se produjeron cuando uno de los consultores que trabaja para EDG, Gerry Arth, viajó a Valladolid en noviembre y descubrió que Crystaloid había mentido sobre sus posibilidades tecnológicas y sobre su estado de cuentas.

Préstamos sin pagar

"Nosotros", cuenta Pihos, "pedimos explicaciones sobre las irregularidades en el balance, pero nunca nos facilitaron esa información. En principio dijeron que harían falta 30.000 dólares al mes para cubrir las pérdidas, pero descubrimos que estas superaban, al menos los tres millones de dólares al año. Además, no eran balances que habían sido auditados. Incluso no era un balance sino un resumen de gastos. Sabemos cómo son los balances, y vimos que había muchos pagos de interés sin mención de la deuda a la que estaban destinados. Se veía que había préstamos de bancos sin pagar".A pesar de ello, Pihos afirma que decidió seguir adelante con la firma del contrato un mes después con la esperanza de que la situación se aclarase. Eso nunca ocurrió porque EDG acabó perdiendo todo contacto con Valladolid a medida que les fue informando del estado de cuentas que habían detectado.

Entre los aspectos oscuros de la negociación con Crystaloid, Pihos menciona la intervención de Jaime Vallori, quien se dirigió a EDG a principios de año en nombre de INCRIS S. A. con una oferta de participar en la compra de la empresa de Valladolid con un 20%. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de él.

La firma de Maryland tampoco ha conseguido desde hace meses entrar en contacto con ningún responsable de Crystaloid, del Parque Tecnológico de Boecillo o de la Junta de Castilla y León. EDG se juega en este asunto, además del dinero que hubiera percibido como comisión por la venta de Crystaloid, su prestigio como firma de consultoría.

El representante de la Junta castellano-leonesa, Robert Keller, se negó a presentar documentos que respalden su desmentido porque, según dijo, "si alguien me acusa de tener una hermana prostituta, yo no tengo por qué demostrar que no lo es".

Keller, que dirige una empresa que se llama Trans-National Trade Management Inc., asegura haber representado en España a la empresa de aviación McDonell Douglas y dice haber colaborado en negocios con el Gobierno español y responsables de distintas autonomías durante los últimos once años.

Esta información ha sido elaborada por Antonio Caño, Jane M. Folpe y Francisco Forjas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 24 de mayo de 1994.

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