Una auditoría destapa corruptelas en el Consejo de la Juventud

La comisión permanente del consejo de la Juventud de la comunidad de Madrid (CJCM) incurrió en graves irregularidades financieras durante 1992, ejercicio en el que fue presidido por Ignacio López, militante de las Juventudes Socialistas, la rama juvenil del PSOE. Así lo revela una auditoría de la Intervención General de la Consejería de Hacienda a la que ha tenido acceso este periódico.El informe muestra, Por ejemplo, cómo el organismo de representación juvenil regional, alimentado casi en su totalidad por subvenciones públicas, contrató los servicios de la empresa Joven Gestión, SL, de la que eran socios Santiago Llorente, ex gerente, y ex consejero de la entidad juvenil, y Francisco Javier Marqués Ortiz, ex secretario. Llorente figuró al tiempo en el consejo permanente y en la empresa que luego se hizo con la contrata. Asimismo, el Consejo de la Juventud abonó los servicios de un comisionista llamado Juan José Coiradas, que, pese a carecer de contrato, supuestamente cobraba el 15% de los ingresos obtenidos por el Consejo. A la esposa de Coiradas, el Consejo le pagó un billete de ida y vuelta a Palma de Mallorca, con un coste de 23.320 pesetas, sin que conste el motivo. De este gasto, como del anterior, no se exigieron facturas. Otro caso que revela la alegría con que la cúpula del asociacionismo juvenil manejó el dinero público la ofrecen los regalos que sus altos cargos se hicieron: así, a Olga Frutos, miembro de la comisión permanente, se le regaló un bono de Bancohotel, por valor de 30.500 pesetas, con motivo de su boda, y al citado Santiago Llorente, antes de su dimisión como gerente, una bicicleta de 43.000 pesetas, sin que conste tampoco el motivo.

A estos movimientos irregulares se suma el que el Consejo, a 31 de diciembre de 1992, no había pagado a Hacienda las retenciones a sus siete empleados por el IRPF del año y del último trimestre de 1991, ni las cotizaciones a la Seguridad Social desde mayo.

Para depurar la responsabilidad de estas irregularidades, la Dirección General de la Juventud ha decidido remitir el informe al Tribunal de Cuentas, impulsar la reforma legislativa del Consejo y aumentar la vigilancia administrativa y económica por medio de un interventor. PASA A LA PÁGINA 3

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