Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Rubio sale libre tras pasar dos semanas en prisión

El juez le impone una fianza de 15 millones v mantiene en la cárcel a Manuel de la Concha

Mariano Rubio abandonó ayer, a las cuatro de la tarde, la prisión de Alcalá-Meco, dejando en su interior al financiero Manuel de la Concha, su compañero de celdaen las dos últimas semanas. La excarcelación del ex gobernador del Banco de España se verificó después de que sus representantes depositasen una fianza en metálico de 15 millones de pesetas, fijada por eljuez como garantía de que se presentará a juicio. Con su característica media sonrisa, Rubio aguantó la avalancha de medios informativos sin pestañear ni detenerse a hacer declaraciones, y abandonóel lugar con dirección a su domicilio. Su esposa, Carmen Posadas, reiteró que el ex gobernador del banco emisor ha sido usado por el Gobierno como el "chivo expiatorio".

El juez de instrucción número 6 de Madrid, José Emilio Coronado, decretó la libertad bajo fianza del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, pero decidió mantener en prisión incondicional a Manuel de la Concha, agente de cambio y bolsa y último síndico de la Bolsa de Madrid. La diferencia de trato deriva del distinto grado de participación de uno y otro en los delitos que se les atribuye: fraude a Hacienda y falsedad continuada en documentos públicos.El juez ha considerado "gravísimas" las presuntas falsedades cometidas por De la Concha como agente de cambio y bolsa, dada su calidad de fedatario público. En cambio, Mariano Rubio, al carecer de esa condición, no habría quebrantado "los especiales deberes de fidelidad y corrección que se exigen a los funcionarios".

El juez considera correctas" las detenciones de ambos ordenadas por los fiscales Luis Jordana de Pozas y Josefa Checa el pasado 4 de mayo. La querella presentada señalaba que Rubio no declaró a Hacienda las ganancias de una cuenta de valores secreta que tenía en el despacho de De la Concha. Éste, por su parte, está acusado de falsedad documental continuada al inscribir operaciones bursátiles de Mariano Rubio y otros clientes a nombre Nalvisa y otras sociedades inexistentes.

La excarcelación de Rubio ha sido' acogida positivamente por todos los grupos parlamentarios, ya que facilitará su presencia ante la comisión que investiga las responsabilidades políticas del caso. Aunque su libertad resuelve el problema de que tuviera que presentarse en el Congreso esposado, Rubio puede negarse a declarar si se acoge al derecho constitucional aguardar silencio. El juez le ha ordenado que comparezca en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Manuel de la Concha, sin embargo, no será autorizado por el juez a salir de prisión para declarar ante la comisión parlamentaria mientras el procedimiento siga secreto. En el auto que resuelve los recursos interpuestos contra la prisión cautelar de Rubio y De la Concha, el magistrado advierte que la situación de este último puede modificarse cuando se levante el secreto del sumario, lo que dependerá de si en los hechos, además de Rubio, están implicadas otras personas.

Según fuentes jurídicas, esta puntualización judicial, podría suponer que en las próximas semanas De la Concha saliese en libertad bajo una fuerte fianza si no apareciesen nuevos cargos.

El auto judicial precisa que "la contundencia de las pruebas acumuladas en contra de De la Concha permite suponer su presunta participación como autor directo y material en un delito de falsedad en documento público del artículo 302 del Código Penal". Este delito está castigado con la pena de prisión mayor (seis años y un día a 12 años), pero al tratarse de un delito continuado, la pena podría ser aumentada hasta 17 años y cuatro meses. De la Concha estaría además implicado como cooperador necesario en un delito fiscal de 6,1 millones de pesetas cometido por Mariano Rubio, por el que podría ser castigado con otra pena de entre seis meses y seis años de cárcel.

Para el juez, las conductas de De la Concha "son gravísimas" y no pueden prosperar sus alegaciones de haber perdido su condición de fedatario público "pues en la fecha en que se suponen cometidos los hechos gozaba de tal condición".

Especial significación tiene para el magistrado que en sus declaraciones en la fiscalía y ante el juez de guardia, De la Concha, en vez de negar las imputaciones, se limitara a decir que los documentos que se le exhibieron eran "fotocopias carentes de todo valor probatorio". "Pero desconocía", prosigue el juez, "que los originales obraban ya en poder del instructor".

Ante la gravedad de los hechos, la pena que pudiera corresponder a De la Concha, la gran alarma social producida y que su conducta podría extenderse a otras personas, el juez ha decidido mantenerle en prisión, "al menos por ahora".

Respecto a Mariano Rubio, en las actuaciones existen, según el juez, "pruebas más que suficientes" para suponerle autor material de un delito contra la Hacienda Pública previsto en el artículo 349 del Código Penal y castigado con pena de seis mes y un día a seis años.

La legislación vigente

En sus declaraciones ante la fiscalía y el juez de guardia, Rubio no negó haber cometido un delito fiscal, pero alegó en su descargo "unas supuestas instrucciones internas cursadas a las delegaciones, territoriales [de Hacienda] para que se paralicen los expedientes que pudieran estar incursos en delito fiscal, si su cuantía no pasa de los 15 millones de pesetas". El juez señala que esta alegación no puede ser tenida en cuenta pues "aunque fuese cierta, la realidad es que dichas instrucciones en modo alguno pueden vincular al juez, quien en todo momento debe aplicar la legislación vigente".

Rubio sería además inductor o cooperador necesario del delito continuado de falsedad documental cometido por De la Concha, pero la pena a imponerle sería de más difícil determinación en este caso, dado que el juez disiente del parecer de los fiscales. Para el magistrado, a Rubio no puede aplicársele el mismo tipo penal que a De la Concha, dado que el ex gobernador no es funcionario y le afecta el artículo 303, que castiga las falsedades de los particulares con una pena de entre seis meses y. seis años, inferior en grado a la que el artículo 302 impone a los funcionarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de mayo de 1994