Contratas limpias

LA CORRUPCIÓN política tiene su más fértil campo de cultivo en los contratos de las administraciones. Comisiones ¡legales, abuso de la contratación. directa -a dedo-, polémicas variaciones de los proyectos iniciales: éstas son las principales lacras que adornan el sistema. Las que permiten la financiación ¡legal de los partidos, el enriquecimiento de los -intermediarios, el surgimiento de la picaresca y el descrédito de la propia Administración. Para acabar con estas prácticas urge una ley que clarifique al detalle los procesos de contratación de obras y servicios públicos. Esta ley no será una panacea para acabar con todas las corruptelas, pero permitirá exigir responsabilidades a los transgresores, si funcionan como deben los mecanismos y los órganos de control. El Congreso debate hoy el proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas remitido hace tres meses. La nueva norma sustituirá a la vieja Ley de Contratos del Estado, de 1965. Ésta era apropiada para su tiempo. Pero se ha convertido ya en una antigualla: ni se adapta al creciente papel inversor del Estado, ni a la descentralización administrativa surgida en torno a autonomías y ayuntamientos, ni a las ex¡gencias de la normativa comunitaria sobre contratos de obras y suministros.

Ojalá el proyecto de ley llegue a buen puerto y su recorrido parlamentario no quede interrumpido por calendarios electorales. El primer intento del Gobierno de elaborar una nueva ley de contratos del Estado, puesto en marcha no hace todavía dos años, quedó truncado por el adelanto de las elecciones generales del pasado 6 de junio. Esta ley es la pionera de cuantas medidas integran el paquete sobre el impulso democrático anunciado por Felipe Gonzalez en vísperas de dichas elecciones. Formó el trío de medidas Gunto a la revisión del sistema de financiación de los partidos políticos y la disminución de los gastos electorales) prometidas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación... de marzo de 1992, cuando los síntomas de corrupción comenzaban a hacer irrespirable el clima social y político del país.

Entre octubre de 1992, cuando el Gobierno aprobó el proyecto de ley que quedaría aparcado por las elecciones del 6 de junio, y mayo de 1994 han aflorado un sinfín de nuevos casos de corrupción relacionados con las contratas públicas -el caso Roldán, especialmente- Deben ser tenidos en cuenta a la hora de mejorar el texto que hoy se debate en el Parlamento para convertirlo en un instrumento disuasório frente a las nuevas prácticas de corruptores y corruptos. El proyecto dé ley ha sido actualizado al menos en un punto: el que agrava las sanciones contra gestores y funcionarios públicos que cometan irregularidades en la contratación. No era coherente poner el acento en las actuaciones de empresa! o particulares que intentan sobornar al poder político, pero no en las autor¡dades y funcionarios sobornables.

La nueva ley de contratos de las administraciones públicas supone un importante avance técnico respecto de la de 1965. Es más transparente, agiliza y simplifica los trámites burocráticos, introduce elementos de coordinación entre las distintas administraciones en el ámbito del proceso concursal y generaliza el principio de publicidad. Impide además el acceso a los contratos públicos de las personas que "no son merecedoras de la confianza que la relación contractual con las administraciones públicas implica". Su aprobación debería ser el punto de partida de prácticas más transparentes y ajustadas a la legalidad que los modos de contratación de obras y servicios públicos puestos en circulación por los socialistas en nombre de la eficacia y de la flexibilidad de la acción del Gobierno.