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Oposición imposible

Miles de afectados por los fraudes en las pruebas de acceso a la Administración vasca

Opositar en el País Vasco es una garantía de frustración. Y si, además de opositor, el interesado es de la oposición, o simplemente no es de ningún partido, el problema se multiplica. Hace 10 años, en la Consejería de Interior, en manos del PNV, se falsearon las oposiciones a ertzainas (policías autonómicos) enchufando a afiliados y afines. En 1988, unos 30.000 opositores fueron suspendidos sin hacer los exámenes, y dos años después, otras 50.000 personas que pretendían acceder al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) comprobaron la existencia de chanchullos desde el momento en que recogieron las notas.Todo ello, además, en el plazo récord de un decenio, en la que, pese al alto número de damnificados, sólo se han producido tres detenciones y una dimisión, todo ello en los últimos 15 días. Justo cuando se ha lanzado una nueva oferta pública de empleo de 500 plazas para la sanidad.

La historia reciente de los procesos de acceso a la Administración pública vasca es singular. El número de opositores que se han sentido engañados después de las suspensiones de las convocatorias, de las denuncias de selecciones a dedo, fraudes y toda clase de irregularidades en los últimos 10 años supera el 12% de la población activa en el País Vasco, 870.919 personas, según datos de 1991.

Una de cada nueve personas en edad de trabajar ha sufrido las consecuencias de las chapuzas del Gobierno vasco, en definición de José Luis L., y la humiIlación que produce ver "como se ríen de ti" según M. C. l., de San Sebastián. Un sentimiento que, en opinión de Ramón Z. conduce inequívocamente a sentirte "totalmente discriminado".

Es como si el chollo de un puesto para toda la vida tuviera un precio demasiado alto, un peaje tan caro que sus ventajas empiezan a perder atractivo. Ramón Z. descubrió en el panel de anuncios, cuando a fue a recoger la nota de las oposiciones de 1990 que tenía varios ceros imposibles, había gente con más de 40 puntos cuando era el máximo, y a personas sin conocimientos de euskera les habían puesto la nota máxima por ese concepto. Eventual de la Sanidad pública, Ramón reconoce que "de algo hay que vivir, y, para tener la estabilidad, hay que pasar por el aro", aunque sea "un total cachondeo".

Se encuentra igual de frustrado que M. C. I. de San Sebastián, que salió al mediodía en autobús hacia Bilbao para hacer la misma oposición, en 1990, y regresó a su casa casi a las dos de la noche. "Sientes que se rien de ti", explica.

Para bordar la faena, corregir la situación que provocó la suspensión de la mayoría de las pruebas de esa oposición, ha costado a los ciudadanos vascos, a través del Gobierno autónomo, unos 200 millones, más el dinero inútil que gastaron los aspirantes en preparar los exámenes.

Los opositores todavía tiene en su memoria el escándalo de la Consejería de Interior, cuando se recomendaba el acceso de algunos jóvenes porque es "afiliado de total confianza, tiene que pasar", "nulo de AP (Alianza Popular)", o notas tan interesantes como "es porreta, ojo, se pincha y ha solicitado también para la Policía Nacional". Era la cuarta promoción de la Ertzaintza, que entró en 1984. Cuatro años después, el delegado del Gobierno en el País Vasco, entonces Julen Elgorriaga (PSE), recurrió la primera convocatoria de oposición pública masivas a las que se presentaron 30.000 aspirantes a un puesto en la Administración vasca.El recurso fue admitido y se suspendieron las pruebas.El 7 de julio del año pasado, el Tribunal Superior del País Vasco dio la razón al PNV al asegurar que la convocatoria era correcta y ajustada a derecho. Sin embargo, ya era muy tarde.

La guinda la puso "la trama", en definición del actual consejero de Sanidad, Iñaki Azkuna, que en 1990 falseó las notas de 500 aspirantes próximos al PSE y a la UGT, para que entraran directamente a la Administración.

De todo ello sólo hay una investigación judicial, la que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, y que ya cuenta con tres detenidos por el último de los casos: Ana Isabel Jiménez Herrero, de 35 años; Pablo Sastre López, de 36, y José Ángel Martín Martín, de 35. Los tres participaron en las oposiciones y viajaron a Madrid por cuenta de la empresa Euro Appraisal, encargada de la corrección de las pruebas.

En el plano político, los escándalos sólo se han cobrado una víctima, el ex director del Servicio Vasco de Salud Mario González, que dimitió hace una semana por el mismo caso. El Parlamento vasco tiene constituida una comisión especial de investigación que acabará su trabajo en julio.

La insistente tentación de colocar en la Administración vasca a personal de confianza ha llevado a los partidos del Gobierno a situaciones pintorescas, casi de ficción, si bien se han hecho esfuerzos posteriores por corregirlas. Una ficción en la que los protagonistas son "miles de primos de este país", en palabras de José Luis L., uno de los afectados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de mayo de 1994