Las universidades seguirán designando a dos de los cinco miembros de sus tribunales de oposiciones

Las universidades que convoquen plazas de profesores titulares y de catedráticos seguirán designando, como hasta ahora, a dos de los cinco miembros de las comisiones evaluadoras o tribunales. Los otros tres se eligen por sorteo. Así lo establece el proyecto de ley de actualización de la de Reforma Universitaria (LRU) que aprobó ayer el Gobierno.La conservación de esta prerrogativa de las universidades convocantes es una de las escasas novedades incorporadas por el actual ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, al texto que elaboró en su día su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que estaba a punto de aprobarse cuando se disolvió la anterior legislatura.

Aquel frustrado proyecto de ley iba a reducir a uno sólo el número de vocales de designación directa por los departamentos convocantes. El Gobierno pensaba entonces que esa reducción sería un buen mecanismo para combatir la llamada endogamia universitaria, que se manifiesta en que las plazas de funcionarios docentes son ganadas en un altísimo porcentaje (alrededor del 90%) por los candidatos de los propios departamentos que las convocan.

Suárez Pertierra "explicó que se incorporan al actual sistema de selección otros mecanismos para combatir la endogamia "más eficaces", en su opinión, puesto que comportan un control de la calidad docente e investigadora de los aspirantes desde el principio de su carrera académica. El nuevo proyecto legislativo establece como prerrequisitos para concursar a plazas de profesor titular de Universidad, aparte de estar en posesión del título de doctor, el "acreditar", ante sendas comisiones específicas, cinco años de docencia y seis de actividad investigadora. Por su parte, los aspirantes a cátedras deberán acreditar dos quinquenios de docencia y dos sexenios de investigación.

El proyecto devuelve a los 70 años la edad de jubilación obligatoria del profesorado universitario. Si la ley no llegara a aprobarse antes de septiembre, un decreto garantizará la continuidad en la docencia de quienes cumplan este año los 65 de edad.