La ampliación del Senado costó 5.600 millones, 400 más de lo presupuestado
La ampliación del edificio del Senado ha costado finalmente 5.619 millones de pesetas, 400 más de lo presupuestado. La demora en relación a lo previsto fue de 56 meses. El coste de esa demora superó el ahorro que había servido de justificación para adjudicar mediante contratación directa los cuatro primeros contratos de demolición y construcción, según un informe del Tribunal de Cuentas remitido al Parlamento. La ampliación adoleció de una deficiente planificación, como lo muestran las numerosas reformas de las previsiones.
Las obras de demolición del edificio preexistente, algunas de las relacionadas con seguridad e higiene, las de los reformados con cernientes a la decoración del edificio de despachos y el cuerpo de guardia, así como la del acondicionamiento de la cocina y ser vicios, fueron realizadas sin previa aprobación del gasto. El informe remitido al Parla mento señala que "las obras de ampliación del palacio del Sena do cabe calificarlas de complejas por las características de uso de un edificio institucional tan sin gular como el Senado, al que se ha dotado con grandes avances técnicos en funcionalidad, como didad, seguridad, prevención de incendios, comunicaciones, empleando para su construcción máximas calidades de los materiales".
La fiscalización llevada a cabo por ese tribunal resalta, para empezar, la deficiente planificación, que llevó incluso a que se incluyeran en unos proyectos sobre terminación y acabados las obiras de construcción de despachos, instalación de nuevos as censores y creación de "sala de descanso y zona deportiva".
La "inadecuada" planifica ción llevó a la concesión de prórrogas por periodos de tiempo importantes. En un contrato inicialmente previsto para cuatro meses se concedieron prórrogas por once meses. En el informe se señala que la propia Dirección General del Patrimonio del Estado reconoce que no existió desde el principio un plan general o anteproyecto que recogiera en su conjunto la totalilad de las obras de ampliación, tal y como exije la Ley de y Contratos del Estado. Y "la declarada urgencia" agrega, "sólo ha permitido el pronto comienzo de las obras en tres de los cinco casos declarados urgentes. ( ... ) Existe una diferencia de 56 meses entre el conjunto de los plazos inicialmente previstos y la duración real de las obras".
Contratación directa
El tribunal hace una severa crítica del sistema de contratación directa, habida cuenta además de la demora en la ejecución de las obras. "El conjunto de las obras de ampliación ha durado más de cinco años (desde el 30 de diciembre de 1986, cuando se inicia la demolición del anterior edificio, hasta el 11 de febrero de 1992, cuando se produce la recepción provisional de las obras de la última fase) habiéndose originado retrasos que este tribunal considera que sobrepasan las posibles ventajas de tiempo obtenidas en su contratación". El coste final de la ampliación del Senado superó en unos 400 millones de pesetas lo presupuestado.
El informe del tribunal adjunta el proyecto de presupuesto de amueblamiento del despacho de los senadores, portavoces, presidentes de comisión, dependencias para secretarias y salas de reuniones. Así, el precio de la mesa de trabajo ha sido de 187.000 pesetas; el del sillón de trabajo, 91.000 pesetas; y el de la librería, 381.000 pesetas.
Urgencias de diseño
En la decoración del nuevo edificio del Senado no sólo se tuvo en cuenta la seguridad y la incorporación de una tecnología avanzada en las comunicaciones, sino que tambien entró en juego un estética exigente.Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe. El tribunal señala que en uno de los contratos, la adjudicación no recayó en la oferta más barata porque se recurrió a criterios no sólo económicos, sino también de calidad de los materiales y el diseño.
El informe señala que incluso el amueblamiento de la cafetería y del restaurante fueron declarados objetivos urgentes. Las instalaciones para detección y extinción de incendios tambien obtuvieron esa calificación, lo que no impidió que dos meses después del plazo máximo fuera ubicado en un nuevo lugar el cuadro de control.
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