Legalizar las 276 empresas del polígono de Alcorcón cuesta 1.400 millones
El caso del ex alcalde de Pinto Carlos Penit, condenado a seis años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por legalizar un polígono industrial sin atenerse a los informes técnicos, ha llevado al Ayuntamiento de Alcorcón (140.000 habitantes) a extremar la transparencia en los trámites de legalización del polígono industrial Ventorro del Cano. De las 276 empresas de este polígono, tan sólo seis tienen lícencia; el resto está fuera de la normativa. Legalizarlas costará 1.400 millones a los empresarios afectados.
El Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid sufragarán un 30% de estos 1.400 millones. Las naves más antiguas datan de finales de los años cincuenta. Hay 106 propietarios sin teléfono y 80 sin luz. "Hay expedientes abiertos a algunos industriales y órdenes judiciales para que se cierren naves, pero a veces hay que valorar más el coste social", explica Enrique Cascallana, concejal de Urbanismo de Alcorcón.El ex alcalde Penit prefirió mantener los puestos de trabajo del polígono -un millar- y se saltó la normativa. En el Ventorro de Alcorcón trabajan 1.638 personas, en su totalidad ligadas a industrias limpias: almacenes, carpinterías, matriceros, confección, etcétera.
Pese a ello, las aguas residuales van directamente al campo. No tienen depuradora. "Antes usábamos la de Boadilla, pero está saturada", reconoce José Antonio Sánchez, vicepresidente de la Junta de Compensación.
Según fuentes de la Agencia de Medio Ambiente (AMA), está previsto construir otra depuradora en Boadilla para dar salida a esos residuos y a los que genera el polígono Prado del Espino. Su construcción está incluida en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas del próximo año, con una inversión de 813 millones de pesetas.
A los industriales les produce sorna oír decir que son ilegales: "Sobre todo cuando pagas el IAE (impuesto de actividades económicas) y cuando lo cobran no se acuerdan de que no tenemos licencia", aseguran.
Sin luz
La precariedad de este polígono llega al extremo de que los propios empresarios tuvieron que hacer una suscripción popular para echar en las calles "una capa de grava y de alquitrán", con vistas a hacerlas transitables. Otros, como el chatarrero Ángel Garrido, gastan más de 600.000 pesetas al mes en el combustible del generador de electricidad. La compañía no le da luz porque no tiene licencia.
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