El Poder Judicial reprende a Pons por negarle a la juez la declaración de Esparza

Los poderes Judicial y Legislativo entraron ayer en colisión por el caso Roldán. La negativa del Parlamento a facilitar a la juez Ana María Ferrer la declaración de Jorge Esparza -socio del ex director general de la Guardia Civil- ha derivado en un duro escrito de protesta de Pascual Sala. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dirigido al presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, para reprenderle con el argumento de que cuando un juez competente -como la magistrada Ferrer en el caso Roldán- interesa a un órgano parlamentario la remisión de unos datos o documentos, hay que entregárselos.La magistrada Ferrer, titular del Juzgado número 16 de Madrid, solicitó hace una semana a la comisión parlamentaria que investiga la gestión de Roldán copia de la transcripción de la polémica comparecencia del testaferro del ex director general, ya que, según la prensa, dejaba entrever la comisión de varios delitos.

La juez utilizó un procedimiento directo -envió al Congreso a dos agentes- que disgustó a las autoridades parlamentarias. Éstas interpretaron que para relacionarse con el Poder Legislativo los jueces -titulares del Poder Judicial- deben utilizar la vía del presidente del CGPL En consecuencia, denegaron los datos solicitados por la magistrada, pese a que aquel mismo día el propio Sala se dirigió a Pons respaldando a la magistrada.

El jueves pasado, Pons comunicó a Sala que los documentos solicitados habían sido trasladados finalmente al Ministerio Fiscal, y no a la juez, en aplicación del artículo 76 de la Constitución, que prevé que el resultado de la investigación parlamentaria "sea comunicado al Ministerio Fiscal". Pero Sala le replicó ayer que la remisión al fiscal está prevista para cuando las comisiones de investigación "estimaren por sí que, de las manifestaciones de los comparecientes, se deducen indicios racionales de criminalidad", y no para el supuesto, "que aquí nos ocupa", dice Sala, "en el que es el juez competente, que ya conoce del asunto, el que interesa la remisión".

"En nuestro ordenamiento jurídico", alega Sala, "el enjuiciamiento del delito está atribuido en exclusiva a los jueces y tribunales y, además, resultan ser éstos los titulares de la investigación oficial, hasta el punto de que, una vez inician el proceso, han de cesar las diligencias de investigación que se halle practicando el Ministerio Fiscal".

El presidente del Congreso, Félix Pons, restó ayer importancia a la queja de Sala y negó que exista fricción entre el Poder Judicial y el Legislativo, aunque advirtió que la Mesa del Congreso no tomará ninguna decisión diferente. Pons resaltó que, como admite Sala, al ser remitida la declaración de Esparza al fiscal, la juez se ha hecho con ella casi simultáneamente.