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EL LABERINTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Gazpacho en el hospital

Desde el pasado 3 de enero, la mayoría de las instalaciones radiologicas y sus operadores estan fuera de la ley

Probablemente los pacientes que se someten a una exploración de rayos X no sufren ni más ni menos riesgos que los naturales al desarrollo. actual de esta tecnología, pero estarían más seguros si la Administración pusiera orden en el caos que impera entre los profesionales que los manejan, el Consejo de Seguridad Nuclear y los ministerios de Industria y Sanidad. Desde el pasado 3 de enero, este sector se encuentra en desamparo legal, de manera que una simple denuncia podría dejar paralizados la mayoría de los servicios de radiología del país. Ese día expiró el plazo para que todas las instalaciones de radiología estuvieran censadas y sus operadores acreditados.

En Granada lo llaman con cierta sorna gazpacho andaluz -un apelativo equiparable al laberinto de la Admnistración-, que define un alimento con varios productos triturados, mezclados y servidos de tal manera que el cliente es incapaz de apreciar si lo que se traga es un ajo o un pimiento. Esta comida se le ha indigestado al ingeniero de minas José Torrecilla, un granadino de 50 años, cuando comprobó que su hijo, técnico en radiodiagnóstico, no tenía ninguna posibilidad de ocupar alguna de las mil y pico plazas disponibles en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Torrecilla se decidió a investigar por qué una especialidad con futuro como la de su hijo carecía de perspectivas de empleo y ha acabado poniendo contra las cuerdas al SAS y a los sindicatos "que no hacen lo que deben".Si el 80% de los técnicos de radiodiagnóstico andaluces no estuviera en paro, como le ocurre al hijo de José, el gazpacho andaluz no habría salido del comedor. Pero esa circunstancia ha movilizado a los sindicatos y al propio Torrecilla para pedir cuentas al SAS. De los 1.070 trabajadores con puestos de radiodiagnóstico en los hospitales andaluces, 967 carecen de titulación adecuada.

Con la ley en la mano, los sindicatos podrían paralizar los servicios de radiología andaluces, y por extensión, los de otras comunidades y el propio Insalud. Dice la ley que el 3 de enero de 1994 expiró el plazo para que todas las instalaciones de rayos estuviesen registradas en los ministerios de Industria y Sanidad. Este mismo plazo era exigible a los operadores de estos aparatos para estar acreditados ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La ley ha pillado a contrapelo a todo el mundo. Ninguno de los colectivos implicados están en condiciones de cumplirla, empezando por el CSN. El 25 de marzo pasado, la jefa de Unidad de Licencias, Pilar Villajos, remitió una carta a Francisco Mesa Rodríguez, de Pinos Genil (Granada), donde le comunicaba que el 22 de diciembre de 1992 había recibido su solicitud de acreditación para operar equipos de rayos X con fines diagnósticos. Le decía que su expediente estaba en tramitación, pendiente de información adicional. Esta demora de 15 meses a una tramitación que la ley especifica debe hacerse en uno o dos meses, según los casos, tiene la siguiente justificación por parte de Pilar Villajos: "Estamos desbordados de solicitudes, no disponemos de personal ni medios suficientes para atenderlas".

El caso de Francisco Mesa no es ni mucho menos una excepción. La jefa de Unidad de Rayos de uno de los hospitales más grandes de Madrid tiene pendiente de acreditación a la mayoría de sus técnicos y sanitarios. "El Consejo de Seguridad Nuclear tarda entre seis y ocho meses en tramitarlas, pero yo les comprendo, están desbordados". En la misma situación se encuentran las instalaciones.

En España se dispuso el 3 de enero de 1994 como fecha tope para cumplimentar las instrucciones europeas, pero el atasco producido por la inadecuación de la ley a la realidad es de tal calibre que el Gobierno se ha visto forzado a arbitrar una moratoria de dos años más (pendiente de publicación en el BOE) para facilitar la acreditación del personal y la legalización de las instalaciones.

A José Torrecilla y otros padres con hijos especializados en radiodiagnóstico sin empleo poco les importa que la Administración esté desbordada. "Son los primeros que incumplen la ley", dice. "Yo he pedido al SAS que si convoca un concurso de plazas de esta especialidad debe condicionarlas a que los aspirantes estén acreditados, como ordena la ley".

La cuestión no es baladí. Entre los operadores de rayos figura gente no especializada que ha adquirido experiencia a base de años. ¿Se les echa a la calle de un día para otro porque la ley exige titulados o personas acreditadas mediante la realización de curso? Los sindicatos tienen en sus filas a unos y otros con intereses contrapuestos. También podrían denunciar al SAS mientras el BOE no publique la moratoria. Un juez está en su derecho a precintar el sistema de radiodiagnóstico de la mayoría de los hospitales españoles si así se lo denunciaran.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de abril de 1994