Verdades a medias

El Gobierno recibió ayer el encargo de llevar a cabo los acuerdos del Parlamento con la credibilidad deteriorada por sus incumplimientos de los acuerdos de otros debates anteriores. La diferencia radica ahora en que depende de los esfuerzos del Ejecutivo por atajar la corrupción el que los nacionalistas le suministren la ayuda para su supervivencia, para seguir en el poder. González llegó al debate sobre el estado de la nación en marzo de 1992 con sólo ocho resoluciones cumplidas de las 17 aprobadas por el Congreso el año anterior.

Si la corrupción no hubiera polarizado todo el debate parlamentario, los socialistas podrían haber aprovechado para decir que han cumplido en buena medida la mayoría de las 39 resoluciones que el Congreso dirigió al Ejecutivo el día 25 de marzo de 1992. Claro que, escaldado por experiencias anteriores, el Grupo Socialista se cuidó entonces de que los acuerdos quedaran formulados en términos más genéricos. Tan genéricos en algunos casos que cuando ayer este diario consultó a los grupos parlamentarios, dos personas del mismo grupo expresaron opiniones contradictorias sobre la ejecución de una misma medida.

Los pronunciamientos más nítidos fueron los de Luis Mardones, de las Agrupaciones Independientes Canarias, que estimó que se habían cumplido casi en su totalidad las propuestas que hizo y que le fueron aceptadas por el PSOE. En la orilla opuesta, la portavoz de Izquierda Unida, Rosa Aguilar, consideró casi totalmente, incumplidas las peticiones que hizo IU. Desde la perspectiva de esa coalición, la ausencia de un acuerdo entré el Gobierno, los sindicatos y los empresarios deja en papel mojado las numerosas reuniones habidas, por mucho que esas conversaciones cumplan uno de los acuerdos del anterior debate sobre el estado de la nación.

Para Enrique Fernández-Miranda, portavoz adjunto del Grupo Popular, el Gobierno ha incumplido la mayoría de sus compromisos, mientras que desde el Ejecutivo sólo se admite el fracaso en el intento de recuperar la soberanía de Gibraltar.

Pero el análisis detenido ofrece una radiografía mucho más compleja. En opinión de Miquel Roca, portavoz de CiU, el Gobierno no ha reducido la Administración periférica del Estado, ni ha actuado con celeridad para la adecuación del IVA a la armonización comunitaria. Para Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, el Ejecutivo no ha aportado soluciones a la reconversión de empresas con especial impacto en el tejido industrial de la comisa cantábrica, ni ha acelerado la construcción de carreteras en esa zona norteña.

Es cierto que el Gobierno ha aprobado, como se le pidió hace dos años, un Plan Hidrológico, y que ha remitido al Parlamento una reforma del mercado de trabajo, y que ha elaborado una Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero también lo es que ha quedado embarrancada en aguas de la anterior legislatura el proyecto de Ley de Huelga, y que el funcionamiento del Inem no debe ser muy eficaz como mediador para ofrecer empleo cuando han sido legalizadas las agencias privadas de colocación.