El PSOE condena a Roldán y exculpa a Corcuera

El Grupo Socialista está convencido de que Luis Roldán ha incurrido en gravísimas irregularidades en su gestión al frente de la Guardia Civil, que exceden con mucho el ámbito administrativo. Se centran, especialmente, en la adjudicación directa de contratos, cuya calificación penal corresponderá determinar al juez. Los socialistas sospechan incluso que estas irregularidades podrían explicar el incremento del patrimonio de Roldán durante su mandato, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993, cifrado en 500 millones de pesetas, que no se justifica con sus ingresos conocidos. Pese a estas graves imputaciones a Roldán, el PSOE exculpa de cualquier responsabilidad a los ministros del Interior a cuyas órdenes trabajó, José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Los socialistas consideran que tampoco hay responsabilidad en el departamento de Economía y Hacienda, y alegan que ni los ex ministros ni este último estaban al corriente de las actividades del antiguo director de la Guardia Civil."Hemos constatado irregularidades [en la gestión del ex director general de la Guardia Civil] que van más allá de lo puramente administrativo y que de ben ponerse en conocimiento de la autoridad judicial", asegura Álvaro Cuesta, representante del PSOE en la comisión Roldán.

Por ello, agrega, "los socialistas vamos a plantear que se remitan al fiscal y al juzgado número 16 de Madrid [donde ya hay diligencias abiertas sobre este asunto] las actuaciones que estamos practicando y los documentos de que dispone la comisión".

Cuesta constata "determinadas coincidencias en la política de contrataciones", entre los adjudicatarios y las amistades personales de Roldán, al tiempo que califica de "no satisfactoria" la explicación que el ex director general dio a la comisión sobre el origen de su patrimonio. Sin descartar que en el futuro pudieran aflorar otros bienes de Roldán aún no conocidos, el represen tante del PSOE alega que "con los ingresos que conocemos, no se justifica el patrimonio declarado. No nos cuadran las cuentas".

A estas alturas de la investigación, ya parece claro, por ejemplo, que el antiguo responsable de la Guardia Civil no cumplimentó adecuadamente la declaración de actividades e intereses de altos cargos, así como el registro de bienes, según las certificaciones que han sido remitidas al Congreso por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Respecto a la responsabilidad de Barrionuevo y Corcuera en la gestión de su subordinado, Cuesta asegura: "Los ministros nunca han tenido conocimiento de la actuación privada del señor Roldán y nadie puede responder de actividades personales, aunque se realicen desde la ocupación de un cargo público. Aquí, el único responsable es el señor Roldán".

Informes restringidos

Los informes del interventor de Hacienda en el Ministerio del Interior, en los que advertía desde 1991 de graves irregularidades en la adjudicación de obras, nunca llegaron a manos de los ministros de Interior o Economía, asegura Cuesta. "Los avisos de la Intervención Delegada han ido siempre al propio órgano fiscalizado; es decir, a la Dirección General de la Guardia Civil, que no los ha elevado a unidades de rango superior. Se los ha quedado siempre el señor Roldán. No han circulado al resto del ministerio ni, por supuesto, al departamento de Hacienda".

El único informe dirigido al ministro, según Cuesta, es la carta que la interventora general del Estado, Purificación Esteso, escribe el 22 de septiembre de 1993, cuya llegada a Interior coincide con el relevo de Corcuera por Asunción.

El diputado socialista asegura que esta carta "ha merecido una cumplida respuesta y el ministro [Asunción] está aplicando nuevas líneas de actuación en todo el ámbito del departamento, incluida la Dirección General de la Guardia Civil". Además, subraya, "las conclusiones del Tribunal de Cuentas, llamando la atención sobre excesos en la contratación directa, han sido compartidas por mi grupo parlamentario".

Cuesta exculpa igualmente al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, quien autorizaba las contrataciones de Roldán, y que el próximo día 21 debe comparecer ante la comisión parlamentaria.

Modificaciones legales

"Por lo que hemos observado", afirma, "todas las propuestas de adjudicación se han cumplido en los términos en que venían de la Dirección General de la Guardia Civil. Roldán asumió directamente, en muchas ocasiones, la responsabilidad de expedientes firmados por otras autoridades, que no hacían sino firmar lo que les era propuesto tal como les era propuesto, en la confianza de que se habían cumplido todos los requisitos legales. No veo una responsabilidad directa del ex secretario de Estado", asegura Álvaro Cuesta.

Además de remitir al fiscal las actuaciones de la comisión Roldán, el PSOE propondrá la inclusión en el dictamen final de una serie de reformas legales que afectan al control de los fondos reservados.

La propuesta de reformas afectará también la Ley de Contratos del Estado, para evitar el abuso de la adjudicación directa, y la ampliación de las competencias de las comisiones parlamentarias de investigación, de forma que se remuevan los obstáculos que se ha demostrado que puedan dificultar su trabajo, como el secreto bancario.

Cuesta no quiere pronunciarse sobre las amenazas veladas que profirió Luís Roldán durante su comparecencia ante la comisión -cuando dijo que tenía mucha "basura", pero que no pensaba utilizarla en su defensa- y ni siquiera accede a confirmar esta frase, alegando el secreto que obliga a los comisionados. No obstante, asegura: "El PSOE lleva el acelerador pisado en esta comisión y, desde luego, nadie tiene capacidad para chantajearle".

Lo que sí pretende Cuesta es que la comisión concluya sus trabajos "en plazo", es decir, a mediados de mayo. "Sería impresentable, ante la sociedad y ante la Cámara", argumenta el portavoz socialista en la comisión, "que esta comisión, con la información que ya tiene, no pudiera concluir su dictamen en el tiempo previsto".