Presunto culpable

DE LAS varias posibilidades que se le presentaban en su comparecencia de ayer ante el Congreso, Mariano Rubio eligió la huida: es cierto que se presentó, cuando no estaba obligado a hacerlo, pero fue como si hubiera estado ausente. Lejos de responder a las preguntas obvias que se le hicieron, repitió, diez días después, la primera y patética intervención en la que dijo que tenía que revisar sus papeles para ver si las acusaciones tenían fundamento. Pero el patetismo fue si cabe mayor por su incompetencia como abogado de su causa, incapaz de aportar, frente a las documentadas imputaciones realizadas contra él, cualquier dato, argumento o precisión. Sólo el balbuciente latiguillo de que no es "consciente de tener una cuenta secreta" o de ser un "defraudador fiscal". Su torpe palabra contra documentos de gran fuerza acusatoria.El repliegue de Mariano Rubio hacia el terreno judicial, tal vez por consejo de sus abogados, puede ser una estrategia de defensa: para hacer valer en su favor la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo, e incluso, eventualmente, de mentir. Pero al elegir esa vía está reconociendo implícitamente que es su pellejo, y no la verdad, lo que intenta salvar. Si de hacer luz se tratara, Rubio habría respondido a las muy concretas preguntas que se le hicieron: si se reconoce o no titular de la cuenta abierta en el despacho de Manuel de la Concha objeto de indagación, y si los ingresos en ella registrados como resultado, de operaciones bursátiles son ciertos y fueron declarados a Hacienda. En las condiciones en que se encuentra, su negativa a presentar las declaraciones de la renta, a hacer público su patrimonio, equivale casi a una con fesión de culpabilidad.

La única afirmación que realizó con cierta firmeza fue la de que no tiene ni ha tenido relación alguna con la sociedad Traya, desde la que habría participado en la compra y posterior venta de una compañía, con un beneficio de más de cien millones en tres meses. De nuevo su palabra contra documentos de gran verosimilitud. Pero su palabra está bajo sospecha desde el momento en que, como mínimo, las evidencias ahora conocidas indican que no dijo toda la verdad al Parlamento en su comparecencia de hace dos años. No dijo, por ejemplo, que, contra el criterio por él expresado, el administrador de su capital adquirió en su nombre acciones de Banesto por importe de más de cinco millones de pesetas. Algo que Rubio no negó ayer, sino más bien admitió, aunque de manera tan desmadejada que no se le entendió bien si reprochaba a De la Concha haber realizado la operación o haberla plasmado en la famosa cuenta 7MM; pero si era esto último, estaba reconociendo que esa cuenta era suya.

El mismo reconocimiento indirecto puede deducirse de su argumentación según la cual sería absurdo meter cheques nominativos y aun cruzados en una cuenta secreta, fiscalmente opaca. Pero si ello significa que la cuenta sí era suya, y sus anotaciones verdaderas, aunque no era secreta ni opaca, tiene que existir constancia documental de esos ingresos de 1987 en las declaraciones de renta y patrimonio de ese año. Que las muestre.

A su vez, los datos ahora conocidos iluminan retrospectivamente aspectos del asunto Ibercorp. Hace dos años no había constancia de que el ex gobernador se hubiera enriquecido desde el cargo, aunque no fuera mediante prácticas relacionadas con sus responsabilidades. En otras palabras, no había evidencias para dudar de su palabra cuando negó cualquier intervención torticera en beneficio propio. Esa presunción está hoy muy erosionada, pese a que el ex gobernador insistió ayer en ella como "un mérito que nadie podrá negar". Es posible que no tomara decisiones como gobernador motivadas por sus intereses particulares. Pero es imposible ignorar el daño que para la credibilidad del Banco de España deriva de la convicción de que la persona que lo ha encarnado durante ocho años era un defraudador enriquecido desde el cargo. El mensaje no pudo ser más patético: puedo ser un delincuente privado, pero fui un probo funcionario.