Operación Ojos Cerrados en El Salvador

Nuevas pruebas aparecidas en Washington demuestran que EE UU sabía más de lo que dijo sobre el asesinato de cinco jesuitas españoles, un salvadoreño y sus dos empleadas en El Salvador en 1989. El Gobierno norteamericano renunció voluntariamente a pistas que hubieran acelerado la investigación del crimen y que podrían haber obligado a tomar medidas contra los más altos responsables del Ejército salvadoreño, y hasta posiblemente contra el mismo presidente, Alfredo Cristiani. Washington mantuvo públicamente una fuerte presión para el esclarecimiento de ese suceso, pero funcionarios estadounidenses prescindieron conscientemente de información que podría haber servido para condenar al general René Emilio Ponce Gefe del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en el momento de los hechos) por su responsabilidad en la decisión de asesinar a los sacerdotes -o, al menos, por ocultar los nombres de los asesinos- y al presidente Cristiani por no haber facilitado al juez todos los datos que tenía en su poder. Ponce fue nombrado ministro de Defensa en 1990, y se mantuvo en el cargo hasta marzo de 1993. Documentos del Departamento de Estado a los que recientemente se levantó su condición de secreto revelan que la Embajada de Estados Unidos en El Salvador mantuvo contactos al menos con dos fuentes que hubieran implicado a Ponce y a otros altos oficiales del Ejército en la conspiración contra los jesuitas. Según muestran los documentos, el Gobierno norteamericano renunció a ambas fuentes, tanto para no perjudicar su estrategia política en El Salvador como por amena zas explícitas recibidas de los mi litares salvadoreños. En ambos casos, para seguir adelante con sus pesquisas, EE UU tendría que haber roto por completo con el régimen de ese país y tendría que haber desautorizado la investigación oficial que estaba en marcha en El Salvador en relación con el asesinato de los jesuitas. El Gobierno norteamericano no lo quiso hacer porque en ese momemento, entre agosto y no viembre de 1990, el país centro americano estaba en tránsito ha cia la democracia y la paz, y prefirió mantener ese proceso, aun a costa de imponer justicia en la muerte de Ignacio Ellacuría y el resto de sus compañeros de la Universidad Centroamericana (UCA).

Los documentos desclasificados por el Departamento de Estado en noviembre de 1993 son más de 50.000 folios archivados sin orden cronológico que recogen el cruce de comunicaciones entre la Embajada norteamericana en San Salvador y el Departamento de Estado. Más de 5.000 de esas páginas están dedicadas al asesinato de los jesuitas, Del análisis hecho por EL PAÍS de esos papeles, así como de las conversaciones sostenidas con Hugh Byrne, un investigador independiente que consultó esos documentos para The Washington Post, así como un funcionario del Departamento de Estado que trabajó en la desclasificación de los mismos, se deduce lo siguiente:

- EE UU intervenía hasta en los más mínimos detalles de la política interior salvadoreña.

- EE UU sabía desde finales de los años setenta que los militares a los que estaba aliado en El Salvador estaban implicados en las matanzas de los escuadrones de la muerte.

- EE UU se marcó como objetivo principal derrotar a la guerrillla, y sacrificó a ello todos sus demás intereses y principios.

- El embajador norteamericano en El Salvador en el momento del asesinato de los jesuitas, William Walker, sostuvo inicialmente que la matanza había sido perpetrada de forma aislada por órdenes de Guillermo Benavides -el más alto oficial acusado oficialmente- y con intención de combatir un foco guerrillero.

- Walker desautorizó todos los rumores que señalaban a Ponce como responsable, y centró toda su estrategia en buscar la colaboración del propio Ponce en el esclarecimiento del caso.

- Sólo en el año 1991, meses antes de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla, Walker entendió que la figura de Ponce estaba demasiado dañada y ya no era útil para los intereses norteamericanos.

- Aunque EE UU no llegó a confirmar que Ponce dio la orden de matar a los jesuitas, tampoco hizo el menor esfuerzo por alcanzar esa conclusión.

Entre los documentos citados se encuentra un mensaje (ahora reproducido) de Walker al entonces secretario de Estado adjunto, Lawrence Eagleburger, en el que le anuncia que una comisión del Congreso había encontrado una fuente -un alto oficial del Ejército, Carlos Rivas que estaba dispuesta a señalar a Ponce como el principal culpable de la matanza. Dos miembros de esa comisión se habían entrevistado en junio de 1990 con Rivas en San Salvador, pero antes de transmitir su información al presidente de la comisión parlamentaria, Joe Moakley, se la comunicaron al embajador.

En un cable enviado a Washington en junio de 1990, Walker afirma que la información de esa fuente podría establecer que:

"1. La decisión de matar a los jesuitas fue una decisión deliberada tomada a los más altos niveles del Ejército de El Salvador.

2. Ponce sugirió después que él tomaba la responsabilidad por esa decisión.

3. Posiblemente cientos de oficiales más conocían la verdad en el momento de los asesinatos y han mantenido silencio.

4. El presidente Cristiani fue informado de esas acusaciones por fuentes militares, pero no pareció tomar ninguna acción para verificar y/ o actuar sobre la información".

En ese mismo cable, Walker añade que él no está seguro de que la información que facilita la fuente sea cierta, y advierte que ésta "pone en peligro" la política de Estados Unidos en El Salvador. Walker recomienda claramente prescindir de esa fuente. El informe final de la comisión Mockley fue adelante con a versión de la fuente, pero el Gobierno de Estados Unidos nunca se interesó en una información a la que había tenido acceso antes incluso que el propio Mockley.

Entre agosto y noviembre de 1990, la Embajada norteamericana estuvo en contacto con otra fuente del interior de las Fuerzas Armadas salvadoreñas que también implicaba a Ponce, aunque sólo como encubridor de los asesinos. Los expertos que han estudiado los documentos no tienen claro si esa fuente podría incluso ser el propio Rivas, aunque no lo parece por la forma en que se refieren a ella. El Gobierno estado unidense había enviado a un especialista para que actuara como único interlocutor con la fuente. Al mismo tiempo, las autoridades norteamericanas liberaron fondos de la ayuda suspendida a El Salvador para pagarle 250.000 dólares.

Por razones desconocidas, esa fuente fue descubierta. El secretario privado de la presidencia salvadoreña, Arturo Tona, se quejó ante el embajador de que EE UU estuviera pagando sobornos a oficiales salvadoreños. William Walker consideró que era demasiado arriesgado seguir adelante con la investigación y propuso su cancelación. "He llegado a la conclusión de que la Embajada tiene que cesar la búsqueda unilateral de información o hacer frente a situaciones sin ganancia posible y a críticas. Recomiendo que la Embajada sea instruida a que todos los esfuerzos de investigación sean dejados en manos del Gobierno de El Salvador".

El embajador consideraba que para poder hacer uso de la información que la fuente podía suministrar era necesario, bien hacer público el nombre de la fuente, a lo que ésta se negaba y lo que la habría puesto en peligro, o bien manejar la información sin revelar la fuente, lo que hubiera sido descalificado por el Gobierno salvadoreño como un rumor más. El resultado fue que nunca se volvió a saber de esa fuente ni de la información que podría haber suministrado.

EE UU estaba apostando a que mantener a Ponce en el poder servía para mantener también en marcha el proceso de democratización de El Salvador -"no quiero perjudicarlo todo por unas muertes pasadas, por muy odiosas que sean", escribe en uno de sus cables Walker-, al mismo tiempo que pensaba que el hecho de ejercer presión sobre él sería suficiente para llegar a una solución más o menos aceptable del caso de los jesuitas -"Tenemos que decir a Ponce que tiene que demostrar que es capaz de hacer lo adecuado antes de que apoyemos su candidatura [al Ministerio de Def`énsa]", respondía el Departamento de Estado-

Esa estrategia se veía ya fracasada en febrero de 1991, cuando el embajador norteamericano, exasperado por la negativa de Ponce a implicar en el asesinato a alguien más que a Benavides, escribe a Washington: "Recomiendo que el Gobierno de El Salvador sea informado de que no se le dará satisfacción a sus peticiones de helicópteros Cobra ( ... ) [y otros armamentos] hasta que Ponce sea reemplazado y un nuevo liderazgo solucione el asunto de los jesuitas".

Esa nueva posición de Walker coincidió con los meses de mayor avance en el proceso de negociación. de paz. Un nuevo clima de diálogo se había impuesto en el país, que concluyó en diciembre de 1991 con la firma de la paz. Eso trasladó el foco de interés mundial del caso de los jesuitas, y Ponce pudo sobrevivir hasta junio de 1993, cuando se retiró, sin cargo! en su contra, del Ministerio de Defensa. Hoy vive tranquilamente en El Salvador. Paradójicamente, la negociación de paz ayudó a Ponce en el momento en que EE UU parecía listo para ponerse en su contra. 0 quizá fue al contrario: Estados Unidos empezó a estar en contra de Ponce cuando vio que éste ya no tenía relevancia alguna. Lo que es cierto es que pese a que los documentos analizados demuestran que el Gobierno norteamericano vinculó a Ponce con los escuadrones de la muerte al menos desde 1986- en enero de 1990, dos meses después de que los jesuitas fueran asesinados, Walker, que calificó a Ellacuría en sus escritos como "un intelectual de conocidos puntos de vista izquierdistas", describió así la matanza de la UCA: "Creemos que fue lo que parece ser: una acción militar ordenada por el coronel Benavides en respuesta a informes de espionaje que decían que serían encontrados guerrilleros dentro del campus. Probablemente él pensó que estaba cumpliendo un servicio al matar a los que él y otros percibían como el liderazgo del FMLN que estaba trayendo un reino de terror sin precedentes a San Salvador".