Un diplomático con dotes de Sherlock Holmes

"Soy un diplomático, no un policía", mantiene Pablo Bravo, cónsul de España en Tánger, después de acumular durante año y medio pruebas para deshacer una tupida red de venta de visados para entrar en la Comunidad Europea a través de nuestro país. Su labor ha concluido con el despido de ocho marroquíes con nacionalidad española contratados en el Consulado, cinco de los cuales han quedado presos, y tres en libertad provisional.Este diplomático de 45 años, destinado en la ciudad norteafricana desde agosto de 1992, acababa de bajar del avión de Madrid cuando ya comenzó a recibir las primeras denuncias, rumores y anónimos. Apuntaban a la existencia de una red dentro del propio Consulado dedicada a la venta de visados. El ambiente de trabajo no era ya agradable en aquel equipo de 30 personas.

El cónsul efectúa entonces la primera de una interminable lista de consultas con Madrid. Las órdenes son concluyentes: su misión es sólo la obtención de pruebas. Y, solo ante el peligro, inicia la operación. Además de intentar descubrir a los culpables, pone en marcha varias medidas para dificultar la obtención fraudulenta. del permiso, lo que revierte en el encarecimiento de su precio en el mercado negro.

Las pruebas obtenidas le permiten conocer que la red funciona de dos formas: en general, se deniega el visado a ciudadanos marroquíes con los papeles en regla, que son rechazados por los contratados; a la salida del Consulado les asaltan unos individuos que les ofrecen una solución si pagan lo necesario. En los casos más difíciles, la red recibe un pasaporte y se encarga de conseguir el resto de los documentos. Todo Tánger sabía que era posible obtener un visado previo pago; el único problema era conseguir el dinero, una fortuna para algunas familias: entre 500 y 50.000 dirhams (de 8.000 a 800.000 pesetas).

Hace un año Pablo Bravo se entrevista con la Policía marroquí. Está convencido de que existe una red de intermediarios marroquíes que colabora con los contratados del Consulado. La policía no reacciona. El cónsul intenta frenar la actividad de los presuntamente implicados, pero se topa con un muro de silencio entre todos los contratados, que hacen alarde de riqueza y llaman la atención en la colonia española, integrada por unas 2.000 personas. Finalmente, pone las pruebas conseguidas en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los inspectores llegan en enero y ven material suficiente para actuar. En febrero, dos altos funcionarios del ministerio se entrevistan con el personal de la oficina de visados (un oficial administrativo, nueve auxiliares y un subalterno). En principio, se intenta una salida no traumática, pero los empleados se cierran en banda. No hay solución. Ocho de los 11 integrantes de la oficina serán despedidos por faltas muy graves de deslealtad y abuso de confianza. Dos de los presuntamente implicados intentan el 12 de marzo huir a Ceuta para escapar de la justicia marroquí, pero los aduaneros les obligan educadamente a volver atrás.

El 16 de marzo, el cónsul se entrevista con todos los contratados que iban a ser despedidos y les comunica la decisión ministerial. Todos insisten en su inocencia y hablan de "manzanas podridas", de "justos y pecadores". Al día siguiente son detenidos y conducidos a la comisaría. El 19 de marzo pasan a disposición del procurador del Rey -equivalente a fiscal-, quien ordena el ingreso en prisión de cinco de ellos y decreta la libertad provisional para otros tres. Ahora todos han comparecido ante el tribunal que les juzgará. Allí oirán, durante semanas, a un sinfín de magrebíes, testigos de los cargos que se les imputan. Sin embargo, una parte esencial de este caso sigue envuelta en las sombras: la conexión marroquí.