De la Rosa abandonará Tibigardens en 15 días

El financiero Javier de la Rosa garantizó ayer al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que abandonará el proyecto Tibigardens en los próximos 15 días, tal y como han exigido los futuros nuevos socios del parque temático proyectado en la costa de Tarragona. La salida de Javier de la Rosa se ha precipitado al trascender que había desviado 1.000 millones de pesetas de las cuentas de Tibigardens a otras empresas cuya gestión está bajo su control.

En un encuentro personal celebrado ayer a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat, Jordi Pujol exigió a Javier de la Rosa que abandone inmediatamente el accionariado de la sociedad Grand Península, propietaria de Tibigardens, el parque turístico que se está construyendo en la provincia de Tarragona.Pujol convocó la reunión después de que el director general de La Caixa, Josep Vilarasau, le comunicara el pasado viernes que las sociedades que negocian asumir la mayoría de Tibigardens -La Caixa y el grupo Pearson, además de Anheuser Busch y Fecsa- exigían que De la Rosa perdiera el control financiero del parque, mientras se negocia la compra de las acciones.

Fuentes próximas a Javier de la Rosa sostuvieron que Pujol en ningún momento pidió al financiero que se marche del parque, "al contrario".

Estas mismas fuentes admitieron, en cambio, que De la Rosa sí ha sido "tremendamente sensible en todo esto a las condiciones impuestas por el ICO". "No vamos a negar que el ICO ha puesto condiciones [para conceder un crédito de 15.000 millones de pesetas a Tibigardens] por nuestra presencia, pero no por nada relacionado con el parque, sino por los créditos del Banco de Crédito Industrial que acabaron en Argentaria, que por cierto eran anteriores a nuestra entrada en el grupo", señalaron estas fuentes.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se ha negado en los últimos meses a dar vía libre a un crédito blando de 15.000 millones de pesetas, imprescindible para dotar al proyecto del parque de ocio de la liquidez necesaria para seguir adelante en las próximas semanas. El pasado sábado, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, dijo explícitamente que ese crédito no se concederá mientras De la Rosa esté presente en el accionariado del parque.

Desvío de fondos

Según las fuentes próximas a Javier de la Rosa, éste dio garantías a Jordi Pujol de que los nuevos socios entrarán en el accionariado antes del próximo 15 de abril. Ello dependerá sólo de que se haya asegurado la concesión del aval del ICO y de que se haya publicado el decreto de segregación de los terrenos del parque.Las exigencias de los nuevos socios se plantearon al descubrir que De la Rosa había desviado 1.000 millones de pesetas, posiblemente avalados por la Generalitat, desde la caja de Tibigardens hacia otros negocios. Concretamente, De la Rosa había cambiado esos 1.000 millones por cinco pagarés, de 200 millones de pesetas cada uno, de Grand Tibidabo, Bamsa y Diset, entre otras empresas.

Entre las demandas de los futuros accionistas de Tibigardens, explicitadas en un extenso documento entregado por Vilarasau a Pujol, se incluía la propuesta de nombrar inmediatamente un secretario, un apoderado y un auditor interventor de su confianza que controlasen todos los movimientos financieros de la empresa mientras se cierran las negociaciones para que De la Rosa abandone el parque.

Asimismo, La Caixa quiere que con el dinero de la operación el financiero liquide los créditos que tiene pendientes de pago con la entidad de ahorro. En cualquier caso, las negociaciones no pueden dilatarse, pues el parque de Salou tiene importantes compromisos financieros en los próximos días.

Un interventor general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat inició ayer el análisis de las cuentas de Grand Península, según informa Europa Press. El interventor debe determinar si se han producido irregularidades en la administración de los 10.000 millones de pesetas concedidos con aval de la Generalitat para la construcción del parque de ocio de Salou.

El Partido Popular ha pedido la comparecencia ante el Parlamento de Cataluña del consejero de Economía, Maciá Alavedra, para que dé explicaciones sobre esta cuestión en el parlamento catalán. El diputado popular Josep Curto entiende que el Gobierno catalán "debería haber inspeccionado las cuentas de Tibigardens antes de la concesión del aval, y no ahora".