Política Territorial admite dos nuevos barrios en el norte, pero rechaza la ampliación del sureste
Sobre el mapa de Madrid, el Gobierno regional de Joaquín Leguina ha clavado algunas señales de prohibido construir. El alcalde ya sabe qué terrenos rústicos no recibirán el permiso de la Comunidad para poder edificar sobre ellos. Las zonas vedadas al ladrillo son Arroyo del Fresno y Montecarmelo (21.000 viviendas previstas por el PP junto al monte de El Pardo) y Vallecas Villa (17.000 viviendas en el sureste). El Ayuntamiento de Madrid sólo tiene el semáforo en verde para las promociones de Las Tablas y Sanchinarro, Gunto a la carretera de Burgos) y Carabanchel.
El Ayuntamiento se ha topado con la Comunidad de Madrid y sólo podrá levantar tres de los seis barrios previstos. Las múltiples reuniones entre los dirigentes del PP y del PSOE no han servido de nada. El pasado jueves, el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, y el concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, volvieron a encontrarse en una comida de trabajo, pagada por el edil, para resolver asuntos pendientes de los que, un día después, hablarían sus jefes respectivos: Leguina y Álvarez del Manzano.El consejero y el concejal llegaron a un consenso sobre el plan de rehabilitación del casco histórico de Madrid y el consorcio urbanístico para crear la ciudad aeroportuaria de Barajas, pero no pudieron salvar sus diferencias sobre el crecimiento residencial de la capital. El alcalde y el presidente regional discutieron sobre el mismo asunto y decidieron firmar una tregua que durará tres meses piara intentar en este plazo acercar las posturas.
Rodríguez Colorado y Elcheverría se reunieron también en la sede de la consejería de Política Territorial para estudiar la situación de los seis nuevos barrios propuestos por el PP para la edificación de 69.450 viviendas. El consejero de Política Territorial hizo aquí la última oferta del Gobierno regional: vía libre a los proyectos para levantar 9.000 viviendas en Las Tablas y 13.000 en Sanchinarro (polígonos situados junto a la carretera de Burgos) y también aceptación del nuevo barrio de Carabanchel, aunque reduciendo de 10.000 a 5.000 las casas proyectadas.
Sin embargo, Rodríguez Colorado mantuvo su negativa a permitir la construcción de 21.000 viviendas con vistas al monte de El Pardo en las fincas de Montecarmelo y Arroyo del ]Fresno, y tan sólo permitiría avanzar en el desarrollo de la primera fase del nuevo barrio del sureste, en Vallecas Villa, donde el PP ha dibujado una zona residencial para 17.000 farnilias, según explicó a este periódico un alto cargo de la consejería de Política Territorial.
Impacto en El Pardo
Los socialistas, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, piensan que la masiva recalificación de suelo rústico junto al monte de El Pardo que ha diseñado el Gobierno de Álvarez del Manzano "elimina la zona de protección del primer pulmón del Madrid".La Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad también se opone a este crecimiento de la ciudad por el norte debido al impacto negativo del nuevo barrio en El Pardo. Las normas urbanísticas aprobadas en 1985 tan sólo permitían edificar en esta zona 500 casas.
En el distrito de Carabanchel, el Gobierno de Joaquín Leguina también considera excesivo el plan de vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo y propone reducir a la mitad las 10.000 viviendas previstas. Los socialistas consideran que con el diseño del PP no quedaría un metro cuadrado libre para espacios libres o zonas verdes y se ocuparía todo el terreno libre entre el distrito de Carabanchel y el término municipal de Carabanchel. Además, según el PSOE, el aeropuerto de Cuatro Vientos y el cementerio Sur no permiten más de 5.000 pisos en la zona.
Por último, las 17.000 viviendas que el equipo de Álvarez del Manzano piensa promover en el sureste de la ciudad, junto a la carretera de Valencia, tampoco convencen a los dirigentes autonómicos.
La consejería de Política Territorial recalificó hace un año un gran espacio del municipio de Rivas Vaciamadrid para levantar más de 6.000 viviendas. La nueva zona residencial de esta localidad, que tendría que haber desarrollado el grupo empresarial IGS, del sindicato UGT, supone un freno urbanistico a la creación de nuevos barrios en Vallecas Villa, que linda con Rivas Vaciamadrid, para otras 17.000 familias. Estas nuevas poblaciones tendrían sus comunicaciones con el centro de la capital reducidas a una sola carretera, la N-III, que actualmente sufre continuos atascos.
Además, la Agencia de Medio Ambiente denuncia en su informe sobre los nuevos crecimientos propuestos por el Gobierno municipal que la ciudad del sureste que se pretende desarrollar ocasionaría importantes "desajustes medioambientales como el alejamiento del parque suburbano de Vallecas. Con las promociones residenciales previstas, las zonas verdes no quedarían, como estaba previsto inicialmente, cerca del pueblo de Vallecas y del barrio de Santa Eugenia.
Contestación antes de junio
El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, estudiará esta última oferta de la Comunidad para contestar antes del mes de junio. De momento, ya ha matizado algunos de los términos de la propuesta municipal. Un tercio de las viviendas proyectadas por el PP, según Echeverría, podrán ser de protección oficial y, por tanto, saldrán al mercado a un precio inferior a los 10 millones de pesetas. El primer proyecto del equipo de Álvarez del Manzano tan sólo incluía viviendas libres o de precio tasado, siempre por encima de los 14 millones de pesetas.La manera de gestionar los nuevos barrios también enfrenta a las dos instituciones. La última oferta municipal consiste en la creación de consorcios de seguimiento para vigilar el correcto desarrollo de las promociones. Sin embargo, la Comunidad pretende tener mayor responsabilidad y propone gestionar directamente, junto con el Ayuntamiento de Madrid, los nuevos crecimientos.
El consejero de Política Territorial propone un modelo similar al que están aplicando en Fuenlabrada o Leganés donde la Comunidad promueve, junto a los dos ayuntamientos, más de 10.000 viviendas de protección oficial.
