El profesor que avaló la cimentación de Azpiegitura no acudió a la obra

Todos los implicados en el caso Azpiegitura se sienten engañados o manipulados. El profesor de la universidad de Cantabria que avaló la cimentación del inmueble público de la Diputación de Vizcaya reveló ayer que nunca se desplazó a las obras para supervisar las inyecciones y que se fió de los informes aportados por el constructor Iñaki Ereño. Jesús Saiz de Meñaca, expedientado, declaró que Ereño pidió los servicios de su centro y que éste "facturó y cobró" por sus informes un talón firmado por él de 580.000 pesetas. Ereño, ligado al PNV, está en prisión por un presunto delito de estafa al cobrar 570 millones de pesetas por una cimentación "no realizada", según la juez.Saiz, que declaró en calidad de imputado, y su abogado, Aurelio Olave, pretendieron trasladar a la juez la idea de que Ereño se aprovechó de la amistad que les unía por otros trabajos realizados conjuntamente para engañarle. Ambos resaltaron que fue la universidad, "no Jesús a título personal", según el letrado, la que aceptó el encargo, firmó el convenio con Ereño y cobró las 580.000 pesetas, "cantidad que se aplica exclusivamente a una beca". En cualquier caso, ese centro no sólo ha dado la espalda a Saiz, sino que le ha expedientado.

Agua, cemento y sulfatos

El profesor avaló en su informe que Ereño había introducido más de 10.000 metros cúbicos de una mezcla de agua y diferentes sulfatos para asegurar la cimentación. La investigación judicial considera probado que Ereño no inyectó en el subsuelo las mezclas acordadas y que presentó facturas falsas para acreditarlo. Eso le ha costado la cárcel.La instrucción de este escándalo, ha derivado también en el encarcelamiento del arquitecto que dirigió la obra, Alberto López, relacionado con el PSE-EE.

La declaración de Saiz coincidió con la comparecencia del diputado general de Vizcaya, el nacionalista José Alberto Pradera, para tratar de explicar el asunto ante las Juntas generales (Parlamento provincial). Pradera, aseguró que pedirá "posibles responsabilidades políticas cuando la juez termine" la instrucción del caso. La oposición había exigido la creación de una comisión para investigar las responsabilidades políticas tanto del diputado socialista Juan Llorens como del nacionalista, José Luis Bilbao, máximos responsables de Azpiegitura cuando se produjo la estafa.

Llorens, en la actualidad diputado de Urbanismo, dirigió Azpiegitura entre octubre de 1989 y junio de 1991, y Bilbao, diputado de Promoción Económica, a partir de entonces. La oposición había solicitado su comparecencia ante las Juntas Generales, pero únicamente acudió Pradera, como máximo responsable de la Diputación. Ambos políticos han declarado como imputados. La declaración de Omeñaca se prolongó durante nueve horas y continuará hoy a partir de las cuatro de la tarde.