La Audiencia de Bilbao mantiene en prisión al constructor Iñaki Ereño

El constructor Inaki Ereño, acusado de estafar 570 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya, seguirá en la cárcel de Basauri por el caso Azpiegitura. La Audiencia de Bilbao ha desestimado el recurso de queja presentado contra la decisión de la juez de decretar su ingreso en prisión provisional sin fianza. La sección cuarta ratifica que en el caso de Ereño, constructor ligado al PNV, concurren "circunstancias excepcionales y de alarma social que aconsejan y legitiman el mantenimiento de la medida cautelar".El diputado general de Vizcaya José Alberto Pradera comparecerá hoy en las Juntas Generales (parlamento provincial) a petición de la oposición para explicar un escándalo que ha supuesto una estafa millonaria al erario público vizcaíno y que ha conducido a prisión a Ereño y al arquitecto Alberto López, relacionado con el PSE-EE.

Ni la dolencia cardiaca de Ereño ni su falta de antecedentes penales han sido suficientes para revocar la decisión de la juez de Instrucción número 6 de Bilbao, Olatz Aizpurua, de decretar la prisión provisional sin posibilidad de fianza. En realidad, lo que se dilucidaba en este auto era si un presunto estafador de dinero público en tiempo de crisis podía eludir la prisión pagando una fianza. El fiscal se había pronunciado a favor de la libertad de Ereño.

La sección cuarta de la Audiencia de Bilbao reitera el argumento de la juez instructora de que la alarma social generada por esta presunta estafa aconseja la prisión. Remarca en la resolución judicial que "Ereño tiene un lucro al efectuar inyecciones cuyo contenido parece ser inocuo y cobrando por ellas unos precios absolutamente desproporcionados a los elementos o materias primas utilizados para la formación de la mezcla que se inyecta en el subsuelo".

Cimentación fantasma

Iñaki Ereño ingresó en prisión el pasado 19 de febrero por un presunto delito de estafa al cobrar 570 millones de pesetas por una cimentación que "no se ha realizado", según la juez. El constructor -al que la empresa pública Azpieguitura, dependiente de la Diputación, había adjudicado en septiembre de 1990 la obra de un edificio público en Bilbao- certificó con facturas falsas de 20 millones de pesetas haber inyectado 10.000 metros cúbicos de sulfatos y cemento.En el auto se critica también a los gestores de Azpiegitura, sociedad pública dirigida entre 1989 y 1991 -fechas de la presunta estafa- por el socialista Juan Llorens; por su brazo derecho, el nacionalista Javier Martínez, y por el socialista Juan Carlos Gutiérrez. La Audiencia asegura que la alarma social "es palmaria. Nos encontramos ante un fenómeno de enormes proporciones donde una considerable suma de dinero público es administrada sin específicos controles por una sociedad mercantil de capital público (Azpiegitura)".

Esta crítica avalaría, en parte, la tesis del diputado de Promoción Económica y precursor de la denuncia ante los tribunales, José Luis Bilbao, quien ha apuntado públicamente al socialista Llorens como una de las personas que - ha facilitado la estafa. Llorens, diputado de Urbanismo, apartó a los técnicos de Azpiegitura del control de la obra dirigida por Alberto López y realizada por Iñaki Ereño.

El edificio público fue presupuestado inicialmente en 640 millones. En el primer proyecto se situaba el suelo rocoso a 12 metros y no se mencionaba a un informe encargado por Azpiegitura a Ereño en el que se afirmaba que la roca estaba a 25 metros. Este hecho supuso un incremento del 50% del presupuesto inicial ante los problemas de cimentación que aparecieron al poco de iniciadas la obras.