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Noruega levanta fronteras en el mar

La flota bacaladera española, que emplea a 1.000 pescadores, necesita los caladeros árticos para sobrevivir

Xosé Hermida

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Klaus Kinkel, no entiende cómo se ha llevado tan lejos la discusión sobre "unas toneladas de bacalao". Pero en el mundo actual, donde el océano es cada día menos libre y los mares se han llenado de alambradas, "unas toneladas de pescado" pueden ser la salvación para cientos de marineros. La flota bacaladera española ya fue expulsada de Noruega en 1981, lo que le obligó a buscar nuevos horizontes en las costas de Canadá. Ahora es el país norteamericano el que levanta un muro cada vez más alto. En estas circunstancias, el regreso al Ártico parece casi una cuestión de supervivencia para una flota de 42 buques, la quinta parte de los que había hace 15 años.Noruega quiere levantar sus fronteras en tierra, pero mantenerlas en el mar. Desea entrar en la Unión Europea (UE) sin renunciar a la propiedad exclusiva de sus caladeros de pesca. Y se obstina en rechazar la petición española de una cuota anual que podrían suponer 14.000 toneladas de bacalao, apenas el 4% de las capturas totales de esta especie que realiza la flota noruega y menos de un 0,75% del volumen global de pesca de ese país.

A pesar de las presiones de Alemania, el Gobierno español se mantiene firme. Le apoya, por una vez, todo el sector pesquero, el PP y los dos gobiernos autonómicos más afectados, el gallego y el vasco. En Galicia, populares, socialistas y nacionalistas incluso se han puesto de acuerdo por una vez para emitir una declaración de apoyo a los negociadores españoles. "Nuestros barcos tienen unos derechos históricos indudables en los caladeros de Noruega que se remontan a cinco siglos atrás", destaca José Ignacio Espel, viceconsejero de Pesca del Gobierno vasco. "Existen documentos escritos sobre la presencia de buques vascos allí en 1540. Empezamos a pescar antes que ellos".

Hasta principios de los años ochenta, España tenía unos 200 buques bacaladeros. Ahora son, exactamente, 21 parejas. De ellas viven alrededor de mil marineros, sin contar los empleos indirectos que se generan en tierra. Esta misma semana, un juzgado de La Coruña embargó los 22 buques bacaladeros de la empresa Pebsa, cuya situación de quiebra ya había dejado sin trabajo a los 140 empleados de su planta de transformación.

Los problemas comenzaron en 1977, cuando se amplió a 200 millas la zona de aguas jurisdiccionales de cada país. Los españoles aguantaron en Noruega con un acuerdo bilateral hasta 1981, año en que fueron expulsados. En Canadá las cosas parecían más fáciles porque los caladeros se encontraban fuera de las 200 millas. Pero su Gobierno promovió un organismo internacional, la Organización Pesquera del Atlántico Norte (NAFO) que ha ido reduciendo las capturas progresivamente.

Total, que la flota española sólo tiene en la actualidad un cupo de apenas 15.000 toneladas, tanto como se le exige a Noruega. De ellas 3.300 son en aguas- de la NAFO, que pretende reducir la cuota a la mitad a partir de junio. Las 11. 500 restantes corresponden a las islas Svalbard, en el Ártico, cuyo caladero controlan Noruega y Rusia. En estas condiciones, los buques bacaladeros se mantienen a duras penas. El único respiro ha sido la concesión para este año, por parte del Gobierno de Oslo, de una cuota adicional de 7.250 toneladas, a repartir entre España, Irlanda, Grecia y Portugal.

Para Miguel Iriondo, presidente de Arbac, la asociación de armadores del sector, Noruega se refugia bajo el principio de la defensa de sus recursos naturales, cuando en realidad lo único que pretende es garantizar su supremacía en el mercado. "Ellos capturan unas 400.000 toneladas anuales y eso no se lo pueden comer todo en un país de menos de cinco millones de habitantes", explica. "La mayoría lo exportan a los países de la UE. Lo que no quieren es que un país como el nuestro, que consume mucho bacalao, aumente sus capturas. Pero nosotros somos 39 millones de habitantes". Iriondo destaca además que mientras los caladeros canadienses ofrecen síntomas de agotamiento, en Noruega las posibilidades de pesca han crecido espectacularmente: en sólo cuatro años han pasado de 172.000 a 720.000 toneladas de capacidad de producción anual.

Más allá del conflicto del bacalao, la aceptación de las condiciones noruegas sería interpretada como un agravio comparativo por todo el sector pesquero. "No ceder es casi una cuestión de dignidad", apunta Samuel Juárez, director general de Pesca de la Xunta, quien también destaca la paradoja de que Noruega, con un gran potencial pesquero, gozaría de más facilidades para acceder a los mercados de la UE y, a la vez, podría mantener cerradas sus propias aguas. "Es ilógico que se otorguen mejores condiciones a un país nuevo que a otro, como el nuestro, que lleva ocho años en la UE", conviene Reinaldo Iglesias, gerente adjunto de la cooperativa de armadores de Vigo.

En las negociaciones de la adhesión a la Comunidad Europea (CE), España dejó la pesca para el final, dentro de los famosos flecos. Entonces no se dio tanta importancia a esas toneladas de pescado de las que habla Kinkel. Y España, la mayor potencia pesquera de Europa -sólo la flota gallega supera a la de cualquier país de la UE- tuvo que aceptar un larguísimo periodo transitorio que no termina hasta el año 2002, bajo condiciones que Iglesias califica como "absolutamente leoninas". En el mayor caladero de toda Europa, el Gran Sol, entre Irlanda y Gran Bretaña, sólo pueden faenar 300 buques españoles, repartidos en dos turnos de 150. Se les imponen unos estrictos planes de pesca, qué deben anunciar con varias semanas de antelación, y únicamente pueden capturar siete de las 20 especies disponibles. Además tienen vedado el acceso al box irlandés, el caladero más rico.

El ingreso en la CE también trasladó a los organismos de Bruselas la capacidad para negociar tratados pesqueros con terceros países. Los resultados han sido nefastos: según Iglesias, de los 25 acuerdos internacionales que tenía España, sólo se ha prorrogado uno, pendiente aún de aprobación por el Parlamento argentino. En Vigo, la flota congeladora ha perdido la mitad de sus 200 buques en los últimos ocho años.

Para Juárez, casi más importante aún que la negociación del bacalao es la propuesta, apuntada por el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, de compensar a España acortando el periodo transitorio para la pesca. Eso garantizaría en 1996 el libre acceso al Gran Sol y aliviaría la crisis de un sector del que viven directamente en toda España 90.000 familias. Pero, de momento, la Xunta, el Gobierno vasco y los armadores se conforman con que España resista las presiones y no deje que Noruega sea la única en cortar el bacalao.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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