Prórrogas, empates y partidos

La incapacidad de los grupos parlamentarios socialista y popular para acordar la renovación del Defensor del Pueblo, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Administración de RTVE, del Consejo de Universidades y del Consejo de Seguridad Nuclear podría servir a los teóricos de las leyes de Parkinson o de Peter para proseguir sus estudios sobre la patología de las organizaciones. Esa investigación descubriría posiblemente un nuevo principio: ningún partido político sacrificará un adarme de sus intereses particulares en aras del bien público a menos que alguna instancia superior o exterior se lo imponga. Porque la causa última del actual bloqueo institucional se debe simplemente a que la Constitución olvidó establecer los mecanismos de seguridad adecuados para evitar que las fuerzas mayoritarias en el Parlamento boicotearan o demorasen los nombramientos confiados a su decisión.¿Cómo deshacer esas agobiantes situaciones de empate? El mundo del fútbol se ha enfrentado con problemas de tipo parecido. Durante la edad de hierro, los empates coperos sólo se podían deshacer repitiendo indefinidamente el partido hasta que hubiese un ganador: en la final de 1928 jugada en los Campos de Sport -del Sardinero se necesitaron tres encuentros para que el Barcelona (defendido por el guardameta Platko, el "oso rubio de Hungría" cantado por Alberti) despojase del título a la Real Sociedad (presidida por Luis Pradera Larumbe). Ese desesperante trámite fue abreviado más tarde mediante el procedimiento -también fatigoso- de prorrogar los partidos hasta que uno de los dos equipos marcase el tanto de la victoria. Finalmente, la conveniencia de no agotar la resistencia de los jugadores y la paciencia del público aconsejó fórmulas menos heroicas: el valor doble de los goles en campo contrario, el lanzamiento de penaltis o el sorteo que le costó a España ser eliminada de la Copa del Mundo en 1954.Ahora bien, los empates políticos no se solucionan con penaltis. Dejando a un lado excepciones como las leyes orgánicas o la moción de censura, el principio de la mayoría como regla para la toma de decisiones suele ir adelgazando su perímetro -desde las mayorías absolutas hasta las relativas- precisamente para permitir la adopción de medidas inaplazables. Pero el deseo de mantener el espíritu de consenso constitucional que animó la transición democrática ha llevado a exigir mayorías parlamentarias cualificadas de los tres quintos o los dos tercios de las Cámaras para designar a los miembros de las más altas instituciones del Estado; ese quórum reforzado es requerido por la norma fundamental para el Consejo General del Poder Judicial y por simples leyes para otros órganos estatales.

Tras el 6-J la formación de esas mayorías cualificadas requiere el acuerdo parlamentario del PSOE y del PP: ninguna combinación sería posible sin el apoyo de ambos grupos. De esta forma, los 159 diputados de la mayoría relativa socialista y los 141 de la minoría de bloqueo popular tienen el condominio del Defensor del Pueblo, del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos tales como el Consejo de RTVE. ¿Pero qué ocurriría si estos dos socios forzosos, enredados en negociaciones interminables desde hace más de seis meses, no se pusieran de acuerdo y mantuvieran indefinidamente el empate? La chistosa invocación medievalizante a la Corona hecha por una Sala del Supremo para implorar su protección frente al Constitucional ha tenido el contraproducente efecto de trivializar el eventual papel del Rey como árbitro y moderador de las instituciones. Sin embargo, algo habría que hacer, más allá de esas ridiculeces arcaizantes, para impedir que socialistas y populares siguieran bloqueando unos órganos cuyo cuidado la Constitución les ha encomendado.