El control judicial del asilo dependerá del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados

Las negociaciones parlamentarias de IU para introducir en la Ley de Asilo el control obligatorio, que paralice la exdpulsión del peticionario de asilo si Interior no admite su solicitud, fracasaron ayer, víspera de la deliberación del proyecto de ley en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El PSOE anunció que aceptará sendas enmiendas de CiU y PNV, por las que se suspenderá la ejecución de la expulsión cuando la delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) discrepe de Interior.

La enmienda de CiU y PNV establece que "se suspenderá la ejecución de la resolución que de lugar al rechazo en la frontera, salida ovligatoria o expulsión del territorio español de los solicitantes hasta tanto los tribunales se pronuncien" sobre la suspensión entre otros requisitos, cuando"ACNUR se haya pronunciado favorablemente a la amisión a trámite de la solicitud".El portavoz soliciasta de la Comisióntanto Constitucional, José María Mohedano, aseguró ayer que "se va a aceptar lo que pidió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)" el 20 de septiembre de 1993. El presidente del Grupo Socialista, Carlos Solchaga, declaró que se estaba "considerando la posibilidad de incluir el recurso judicial suspensivo". Por su parte, el diputado y ex juez Ventura Pérez Mariño enjuició así la solución: "No el lo mejor, pero es aceptable".

El portavoz de IU Diego López Garrido, reconocio que inicialmente CEAR había aceptado este texto, pero añadió: "Actualmente, la posición de CEAR la representa su presidente, Juan María Bandrés, quien se ha dirigido a todos los miembros de la comisión para que la futura ley incluya, sin condicionarlo a la actividad de ACNUR, un recurso ante el juez o la Audiencia Nacional que paralice la expulsión hasta tanto los tribunales puedan decidir". López Garrido, añadió que "ACNUR no puede ser el cancerbero de un derecho constitucional y mientras el recurso judicial dependa de esta instancia la futura ley es inconstitucional".

El diputado del PP Diego Jordano anunció su apoyo al proyecto de ley gubernamental antes incluso de que se conociera la aceptación de las enmiendas de CiU y PNV. Jordano declaró a Europa Press que la futura ley no es inconstitucional, aunque no exista el recurso judicial suspensivo de la expulsión, en los casos en que Interior considere que la petición de asilo es manifiestamente infundada.

En cuanto a las tensiones creadas por este proyecto de ley dentro del Grupo Parlamentario Socialista, los dos ex jueces Pérez Mariño y Baltasar Garzón manifestaron su disgusto por la ausencia del recurso judicial suspensivo y anunciaron su voto en contra. Tal posibilidad se ha eliminado al decidir la Mesa del Congreso que la Comisión Constitucional dictamine hoy el proyecto de ley "con competencia legislativa plena", es decir, que no será necesario que pase por el pleno del Congreso.

Fórmula aceptable

Durante la mañana de ayer Pérez Mariño, portavoz de la Comisión de Justicia e Interior, trató de negociar una fórmula más aceptable para IU que la intervención de ACNUR y que fuera admitida por, el ministro del Interior, Antoni Asunción, que defendía el texto de su antecesor, José Luis Corcuera. La propuesta ofrecida por Pérez Mariño fue que la oposición del fiscal a la expulsión diera paso a la intervención judicial.

Corcuera se mostró ayer satisfecho con la solución propuesta por el Grupo Socialista. Según comentó el ex ministro del Interior, la modificación no significa un cambio sustancial del texto respecto a la pasada legislatura, por lo que no planteará discrepancias.

El texto que se aprobará hoy establece que tras la solicitud de asilo se inicia un plazo de cuatro días para que Interior resuelva si la admite. En caso de considerarla manifiestamente mal fundada, hay posibilidad de un reexamen en un plazo de tres días, al término de los cuales se producirá la expulsión, si ACNUR no discrepa de Interior, en cuyo caso intervendrían los jueces y se paralizaría, mientras tanto, la salida obligatoria de territorio español del peticionario de asilo.