El Ejecutivo puede prorrogar el mandato del defensor si sigue el bloqueo del PP

El Gobierno ha transmitido indirectamente al PP la capacidad que tiene, con apoyo del resto de la oposición, de modificar la forma de elección de los órganos institucionales, de manera que su concurso no sea necesario para elegir al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo de Administración de RTVE. El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, se dio ayer por enterado de esta advertencia y señaló que ello significaría "la ruptura del espíritu constitucional". Socialistas y populares se han dado este fin de semana como plazo para pensar sus respectivas estrategias.El Gobierno ha recordado al PP su capacidad para modificar las leyes y, sin necesidad de cambiar la Constitución, retocar las normas que rigen la elección del Defensor del Pueblo y del Consejo de RTVE. Los portavoces gubernamentales consultados reconocen que modificar el sistema de mayorías y minorías de manera que se necesitara un quórum menos amplio sería un escándalo que el Ejecutivo no está dispuesto a arrostrar. En todo caso, si el bloqueo se mantuviera, sí podrían modificarse las leyes de manera que, cuando en un plazo determinado no se alcanzara un acuerdo sobre el Defensor del Pueblo u otros órganos institucionales, su mandato se prorrogara automáticamente un año.

Esta situación, no obstante, se considera coyuntural y de urgencia y siempre que se concluyera que la actitud del PP se iba a mantener toda la legislatura.

Críticas generales

La polémica por el parón del impulso democrático se puso de manifiesto ayer en el Congreso cuando el diputado del PP Federico: Trillo acusó a Javier Barrero, del PSOE, de "anteponer a los juicios los prejuicios", y añadió: "Así no me extraña que mis compañeros hayan tenido que suspender las' conversaciones con ustedes sobre el impulso democrático- Estas palabras abrieron las críticas del resto de los grupos.

Xabier Albistur, por Eusko Alkartasuna; Lorenzo Olarte, por Coalición Canaria; Emilio Olabarría, por el PNV; Ramón Camp, por CiU, y Rosa Aguilar, por IU, criticaron al PP por bloquear las conversaciones sobre el impulso.

Olabarría calificó de "desorbitadas" las pretensiones regeneracionistas del Estado de Derecho a cargo del PP, sobre la base de que las instituciones "están degradadas". Camp pidió a los grupos mayoritarios 1ealtad constitucional" y "voluntad política" para designar unos vocales independientes para Poder Judicial.

La crítica más dura al PP provino de Aguilar, quien le acusó de querer "volver al pasado" y trasladar a la justicia "el corporativismo judicial", mientras "obstaculiza el impulso democrático que afecta a órganos como el Poder Judicial". Calificó el proyecto gubernamental de "apto para el debate" y reprochó al PP su pretensión de situar a los magistrados en una posición excepcional, hasta el punto de permitir que sigan juzgando, aunque estén condenados por uií delito doloso [intencionado].