Se cierra la pensión

EL MINISTRO Solbes no ganaría un concurso de popularidad, tal vez ni siquiera de sentido de la oportunidad; pero reducir a ese aspecto la discusión que planteó el lunes sobre las malas perspectivas del sistema público de pensiones equivale a combatir un terremoto lanzando el sismógrafo por la ventana.Seguramente, el Gobierno pudo haber elegido otro momento para lanzar semejante andanada, y por supuesto otro tono y forma para hacerlo. El asunto afecta al futuro de millones de personas y a uno de los pilares de la cohesión social; un anuncio así debe ir acompañado de datos y estudios sobre posibles alternativas. Es algo para discutir en el Parlamento. Por ejemplo, en el debate sobre presupuestos, o en el del estado de la nación; también, por cierto, para que los delegados al 33º congreso socialista puedan bajar a tierra sus teorías sobre el Estado del bienestar. Plantearlo en una entrevista radiofónica y como quien pronostica lluvia para el atardecer no parece lo más adecuado si lo que se pretendía era estimular un debate a la altura de la gravedad del asunto.

La prueba no tardó en llegar. Por una parte, la oposición conservadora, por boca de Rodrigo Rato, se apuntó a lo más fácil: reprochar a Felipe González hacer aquello de que acusó al Partido Popular: recortar las pensiones. Ello, no es del todo cierto. González acusó a Aznar de que si llevaba a la práctica su propuesta de reducir los impuestos no tendría más remedio que bajar las pensiones. Si persevera en llevar la discusión a ese terreno, el PP perderá la ocasión de exponer su propia alternativa. ante un problema objetivamente planteado, y no sólo en España. Pero, una vez que la piedra había sido lanzada, esconder la mano como hizo ayer el Gobierno, incluido su presidente, tampoco favorece un debate serio: Solbes no fue víctima de un lapsus, ni se le fue la mano; no necesitaba que nadie viniera a salvarle la cara. De hecho, lo que dijo ya lo había insinuado antes, y los datos conocidos no le desmienten.

El sistema público de pensiones está en crisis porque cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes a la Seguridad Social. Ello ocurre en todo el mundo desarrollado y un reciente informe de la OCDE así lo señala, aunque en España el problema se ha planteado, por razones que han estudiado los demógrafos, con 10 años de retraso. La discusión sobre el sistema de pensiones se suscitó en Europa a comienzos de los años ochenta, en el marco del debate sobre la crisis fiscal del Estado: demandas sociales en crecimiento mucho más rápido que los recursos. Los cambios demográficos producidos en el último cuarto de siglo suponen que hoy hay más pensionistas, que perciben las pensiones durante más años y que se incrementa la demanda sanitaria y de servicios sociales de la tercera edad. Como la tasa de reproducción ha caído radicalmente, la proporción de personas pensionadas por trabajador ocupado -cotizante- ha aumentado espectacularmente y hoy es ya de dos a uno.

El déficit público no sólo depende del gasto social, ni éste se reduce a las pensiones. El descontrol del gasto corriente, la duplicidad de funciones en los distintos niveles de la Administración y, en fin, la incapacidad de hacer frente de una vez a las grandes bolsas de fraude, tienen que ver también con la quiebra de las finanzas públicas.

Pero todo esto no puede tampoco hacer olvidar un dato de la realidad: el gasto de las pensiones ha aumentado en los últimos cinco años en un 73,5%. En España el problema tiene peores perspectivas porque la tasa de actividad es de apenas el 50%, frente al 60% de media en la Unión Europea (y el 75% de Japón). Por supuesto que la solución consiste en propiciar un crecimiento económico que permita aumentar la población activa; pero, en la medida en que no es realista esperar una mejora sustancial inmediata, el debate planteado por Solbes es bastante urgente: ese desfase de una década nos puede permitir beneficiamos de la experiencia de otros países. Por ella sabemos que la opción real se plantea entre dejar las cosas como están, a fin de que la quiebra del sistema abra paso a un sistema privado de pensiones, o garantizar un mínimo universal y estimular -con ventajas fiscales- diversas formas de pensiones privadas complementarias. En todo caso, esta cuestión tiene tal potencial explosivo que bueno será que los políticos no se limiten a apuntar el problema, sino que se pongan a debatir posibles soluciones.