Impulso desvaído

LAS NEGOCIACIONES que socialistas y populares llevan a cabo desde el verano sobre el llamado impulso democrático tienen todos los visos de adolecer del mismo mal que pretenden curar. Parecen concebir las instituciones del Estado como zona de sus respectivas influencias partidarias, de conformidad con el nuevo equilibrio de fuerzas surgido de las elecciones del pasado 6 de junio. No se explica, si no, su lenta y exasperante progresión, sus escasos resultados al cabo de meses y la exclusión de determinados asuntos considerados como poco menos que imposibles de negociar por el PSOE y el Partido Popular -entre otros, la reforma del Estatuto de RTVE y el nombramiento de su director general-. Está además, finalmente, el riesgo de que queden aplazadas indefinidamente ante la prevalencia, ¡una vez más!, de inmediatos intereses electorales sobre los generales del país.No todas las medidas del ambicioso plan sobre el impulso democrático anunciado por el PSOE al día siguiente de las elecciones son igualmente urgentes ni todas tienen el mismo grado de dificultad. Es, pues, lógico que su negociación y puesta en práctica se adapten a un calendario acorde con la complejidad técnica y dificultad política que presentan cada una de ellas. Pero algunas son deberes pendientes de la anterior legislatura y no existe argumento que justifique el hecho de que sigan sin cumplirse a estas alturas de la actual. ¿0 tiene acaso explicación que las fuerzas políticas mayoritarias no hayan sido capaces todavía de designar al nuevo Defensor del Pueblo, cargo que se mantiene en régimen de interinidad desde hace casi un año, ni de cubrir las vocalías vacantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algunas pendientes de renovación desde hace más de dos años, por no hablar del resto de cargos institucionales que se encuentran en la misma situación?

Todos los argumentos apuntaban, más bien, a la urgencia de resolver sin dilaciones una situación escandalosa que ha estado en el origen del galopante deterioro institucional de los últimos años. Políticamente, también hubiera sido muy instructivo para los ciudadanos percibir cuanto antes que los anunciados propósitos renovadores son algo más que palabras. Algo que a estas alturas aún sigue sin saberse. Socialistas y populares se han entretenido durante meses en pactar "los perfiles de los candidatos" y poco más. Para este viaje no se necesitaban alforjas, pues el perfil del candidato a los cargos institucionales está diáfanamente descrito en la Constitución y en las leyes, siendo precisamente su desconocimiento por los partidos lo que ha propiciado en el pasado el nefasto sistema de cuotas en su designación.

Negociar sobre algo ya regulado, en lugar de cumplirlo, no resuelve ninguno de los problemas prácticos suscitados por la designación parlamentaria de los altos cargos institucionales. Por el contrario, hace pensar que socialistas y populares buscan la forma de que el espacio institucional siga siendo un predio patrimonial suyo y que el sistema de cuotas perviva, mejorado y adaptado a las nuevas circunstancias.

El balance del llamado impulso democrático no puede ser, de momento, más exiguo. Aunque socialistas y populares se sacaran algunos ases de la manga durante las negociaciones iniciadas ayer a marchas forzadas para cerrar su pacto sobre esta cuestión antes del 1 de marzo, ¿de qué pacto se trata si han quedado fuera cuestiones como la democratización interna de los partidos políticos y la reforma de su financiación, el cambio del Estatuto de RTVE, el aumento de la capacidad investigadora y sancionadora del Tribunal de Cuentas e incluso la obligación reglamentaria del presidente del Gobierno de comparecer en las sesiones de control parlamentario?