España mantendrá su veto a la política de asilo mientras no se entregue a los presuntos etarras

La incógnita sobre la posible entrega a España de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz se mantendrá todavía algún tiempo, a pesar de que Bélgica les ha negado el asilo político. Los acusados se apresuraron ayer a presentar un recurso de apelación, y, en consecuencia, las autoridades de Bruselas no se pronunciarán sobre la extradición hasta que se conozca el nuevo fallo. Por añadidura, el comisario para los Refugiados Políticos, Marc Bossuyt ha pedido que no se atienda la petición española. En esta situación, el Gobierno de Felipe González, cauteloso, mantendrá mientras tanto su veto a la política de asilo de la Unión Europea.

La legislación belga confirma el recelo español. Si el Gobierno de Bélgica, que preside el socialcristiano flamenco Jean-Luc Dehaene, decidiese autorizar la extradición de los dos jóvenes vascos, el proceso podría aún durar vanos meses hasta que la entrega llegara a concretarse. Luis Moreno y Raquel García, pesé a disponer de 15 días de plazo, presentaron ayer mismo un recurso contra la denegación de la petición de asilo. El nuevo fallo podría prolongarse entre uno y dos meses, y si volviera a ser negativo contra ellos, podrían recurrir al Consejo de Estado, máxima autoridad judicial, que estaría obligado a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión en un máximo de seis meses.Marc Bossuyt, a pesar de haber denegado el asilo a los presuntos etarras, ha recomendado a su Gobierno que no conceda esta extradición porque el Tribunal de Apelación de Bruselas ya se pronunció en este sentido en julio de 1993. Según el dictamen de Bossuyt, la ley belga prohíbe otorgar la extradición cuando el delito tiene motivaciones políticas, salvo cuando el hecho "ha dado origen a un peligro colectivo para la vida o libertad de personas", "ha llevado al peligro de que ciertas personas sufran daños físicos", "ha perjudicado a personas que no tienen nada que ver con los motivos que han inspirado el hecho" o "se han utilizado medios crueles o pérfidos para perpetrar el hecho".

A juicio del comisario -y del Tribunal de Apelación-, en este caso no se dan tales factores de peligrosidad, por lo que recomienda que se rechace la extradición. Bossuyt explicó ayer a EL PAÍS que se deben diferenciar dos aspectos: el origen político de las actividades presuntamente delictivas de los acusados, que considera probado, y la posibilidad de que pudieran sufrir persecución política en su país de origen, que descarta.

Su informe dice textualmente: "Las acusaciones de que son objeto tienen un origen político, por lo que no procede la extradición; sin embargo, aunque ha quedado demostrado el origen político de sus actividades, no ha quedado demostrado que sean o vayan a ser objeto de persecución política por el origen político de sus actividades, por lo que tampoco son merecedores del estatuto de refugiados políticos".

Alegría y satisfacción

En cualquier caso, la denegación del asilo ha sido acogida en España con gran alivio al interpretarse que puede poner fin a la tensión que el caso había provocado en el seno de la Unión Europea. El ministro español de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque cauteloso, anunció ayer que, una vez que finalice el contencioso, España levantará el veto que mantiene a la política de asilo de la UE. Rubalcaba expresó la "alegría" del Gobierno por haberse resuelto "satisfactoriamente" la cuestión del asilo, y reafirmó que el Ejecutivo belga no podía "discriminar a un socio comunitario". No obstante, precisó que ignora si Bruselas concederá o no la extradición.

Ningún otro miembro del Gobierno ha hecho valoración alguna. Si los titulares de Justicia, Juan Alberto Belloch, y del Interior, Antoni Asunción, fueron contundentes en sus críticas a Bruselas cuando se admitió a trámite la demanda de asilo, ayer optaron por mantener un prudente silencio. Aun así, en el Ministerio del Interior se apreciaba gran satisfacción por la decisión del comisario Bossuyt. Los colaboradores del ministro confían en que el caso culmine pronto con la extradición de Luis Moreno y Raquel García, informa Jesús Duva. El interés de Asunción en repatriarlos radica en la necesidad de privar a ETA de toda esperanza de convertir a Bélgica en un nuevo santuario en el que cobijar a sus militantes.

La admisión a trámite de la demanda de asilo político de Luis Moreno y Raquel García había disparado la tensión política entre Madrid y Bruselas a tal punto que en el Consejo de Ministros de Justicia de la UE del pasado 29 de noviembre, España bloqueó todas las decisiones sobre la regulación del derecho de asilo de los Doce.

España pidió la extradición de los acusados el 28 de mayo de 1993, imputándoles "un delito de asociación ilegal acompañada de pertenencia a banda armada". Ambos eran buscados por la policía en España, de donde huyeron en 1992, por presunta colaboración con el comando Vizcaya de ETA, acusado de varios asesinatos.